miércoles 18, noviembre 2026

Araujo impulsa una comisión investigadora para esclarecer las graves denuncias sobre el PAMI en Tierra del Fuego

El diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández presentó un proyecto de resolución
(Expediente N.º 3463-D-2026), acompañado por los diputados nacionales Lorena Pokoik,
Ana María Ianni, Martín Aveiro, Cristian Andino, Pablo Yedlin, Ariel Rauschenberger,
Agustina Propato, Carlos Castagneto, Gabriela Pedrali, Juan Marino, Pablo Todero, Hilda
Aguirre y Jorge Chica, para crear una Subcomisión Especial Investigadora destinada a
esclarecer las denuncias vinculadas al funcionamiento del PAMI en la Provincia de Tierra
del Fuego.
La iniciativa parlamentaria propone que la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación ejerza plenamente sus facultades constitucionales de
control frente a una extensa sucesión de denuncias, actuaciones administrativas, pedidos de
auditoría, investigaciones internas y presentaciones vinculadas con presuntas irregularidades
en la autorización, auditoría, control y facturación de prestaciones médicas financiadas con
fondos públicos destinados a la atención de jubilados y pensionados.
«Cuando durante más de un año y medio se acumulan denuncias, expedientes, pedidos de
auditoría e investigaciones sin respuestas claras, el Congreso tiene la obligación institucional
de intervenir. Y esa obligación es todavía mayor cuando los recursos comprometidos
pertenecen a nuestros jubilados. Frente a hechos de esta gravedad, el silencio no es una
opción: nuestro deber es promover todas las acciones necesarias para que el Congreso
investigue y la verdad salga a la luz», afirmó Araujo.
El legislador sostuvo que la gravedad del caso trasciende las denuncias concretas y alcanza
el propio funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.
«Lo verdaderamente preocupante no son solamente las irregularidades que pudieran haberse
cometido. Lo más grave es que, después de más de un año y medio de denuncias,
documentación aportada, reuniones, auditorías y presentaciones administrativas, todavía no
exista una explicación clara y completa sobre cuál fue la respuesta institucional del
organismo. Cuando el Estado no puede explicar cómo protegió los recursos destinados a la
salud de los jubilados, es el Congreso quien tiene la obligación constitucional de exigir
respuestas.»
Araujo remarcó que la iniciativa no procura sustituir la actuación de la Justicia ni formular
acusaciones anticipadas, sino garantizar que el Poder Legislativo ejerza las funciones de
control político que le asigna la Constitución Nacional frente a hechos que involucran recursos
públicos de extraordinaria sensibilidad social.
Entre los antecedentes considerados en el proyecto figuran denuncias relacionadas con
prestaciones médicas cuya trazabilidad, documentación y efectiva realización deberían ser
verificadas mediante auditorías técnicas e independientes, así como cuestionamientos sobre
el funcionamiento de los mecanismos internos de auditoría y control del propio Instituto. La
investigación parlamentaria también buscará reconstruir cuál fue la respuesta institucional
brindada por las autoridades del organismo frente a las sucesivas denuncias formuladas
desde el año 2025.
«Si las denuncias son falsas, alguien debe demostrarlo mediante auditorías serias,
independientes y transparentes. Si son verdaderas, la sociedad tiene derecho a conocer toda
la verdad y a que se determinen las responsabilidades correspondientes. Lo que resulta
inadmisible es que la incertidumbre se prolongue indefinidamente mientras están en juego
recursos destinados a la atención sanitaria de millones de jubilados.»
El diputado advirtió además que el contexto actual vuelve todavía más imprescindible
extremar los mecanismos de control sobre el PAMI.
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«El Gobierno Nacional sostiene que cada peso del Estado debe administrarse con el máximo
rigor y que el país atraviesa un período de fuertes restricciones presupuestarias. Precisamente
por eso, no puede existir un solo peso cuya utilización quede envuelta en dudas cuando
pertenece al sistema de salud de nuestros jubilados. Si se exige un esfuerzo extraordinario a
toda la sociedad, ese mismo nivel de exigencia debe aplicarse al control de los recursos
públicos.»
Araujo señaló que una eventual utilización irregular de fondos del Instituto no constituye
únicamente un perjuicio económico para el Estado, sino que afecta directamente la calidad
de las prestaciones médicas de una población particularmente vulnerable.
«Cada recurso del PAMI que no llegue a destino significa menos estudios, menos tratamientos,
menos medicamentos y menos atención para quienes dependen exclusivamente de ese
sistema de salud. No estamos discutiendo números en una planilla; estamos hablando del
derecho a la salud de nuestros jubilados y pensionados.»
La Subcomisión Investigadora propuesta estará facultada para requerir expedientes,
auditorías, informes, documentación administrativa y convocar a funcionarios, ex
funcionarios, profesionales, auditores y denunciantes, con el objetivo de reconstruir
objetivamente los hechos, determinar cuál fue la actuación de las autoridades competentes y
evaluar si los mecanismos de control del organismo funcionaron de manera adecuada.
Al concluir, el diputado fue categórico: «No estamos frente a una simple discusión
administrativa. Estamos frente a denuncias que involucran recursos públicos destinados a la
salud de uno de los sectores más vulnerables de la Argentina. Cuando existen dudas sobre el
destino de esos fondos, el Congreso tiene el deber indelegable de investigar. La defensa de los
recursos del PAMI es, en definitiva, la defensa del derecho a la salud de millones de jubilados
y pensionados. La sociedad merece saber qué ocurrió, las instituciones tienen la obligación
de explicarlo y el Congreso tiene la responsabilidad de garantizar que la verdad salga a la luz.»

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