Mónica Acosta de la Cooperativa Renacer rechazo el cambio en el proceso productivo de aires acondicionados, que podría eliminar el 70% del valor agregado y muchos puestos de trabajo.
La propuesta de AFARTE y la Unión Industrial Fueguina (UIF) busca modificar el Proceso Productivo Básico (PPB) de los acondicionadores de aire en Tierra del Fuego para reducir las etapas de fabricación local y permitir el ingreso de subconjuntos parcialmente ensamblados. La nota, prevé una simplificación tecnológica que no respeta la Ley 19.640.
La propuesta impulsada por AFARTE y la Unión Industrial Fueguina (UIF) también fueron rechazadas por el Gobierno Provincial y por la Cooperativa Renacer.
En declaraciones a RADIO PROVINCIA Acosta mencionó que no se trata de «una mera simplificación tecnológica» sino que «tiene que ver con restar prácticamente el 70% del valor agregado y por ende, profesiones, especialidades y una multiplicidad de puestos de trabajo de manera directa».
En cuanto a implicancia «es casi similar al efecto de una bomba atómica porque realmente no respeta en lo más mínimo a la Ley 19640. La normativa reglamentaria fue ocultada de una manera ya que no sabemos muy bien qué fue lo que cambió en este último periodo, porque con las empresas y inclusive con uno de los firmantes, que fue dos veces ministro de la Producción, Ramiro Caballero, y que es titular ejecutivo, en este caso por parte de la Unión Industrial, veníamos dando la batalla y la pelea contra el centralismo porteño, que muchas veces ha tratado de plano las características de nuestra industria sobre el nivel de inversión de las empresas, haciendo videos para que realmente pudieran conocer el alcance y que este gobierno nacional ni de ningún otro neoliberal simplificará o que intentara erradicar principios rectores por los cuales la mayoría de las empresas están arraigadas hace tanto tiempo en la provincia».
En este marco de incertidumbre si se conoce las consecuencias de esta medida. «Sabemos que el impacto de esta presentación va a conllevar a la destrucción de los procesos productivos del valor agregado», sostuvo.
Acosta destacó la falta de diálogo y la implementación caótica de esta medida, que afectaría a todas las empresas, especialmente las más pequeñas. «Por mas que no digan que esto es un penal cobrado, que esto ya fue arreglado entre las empresas y el gobierno nacional y que no hay vuelta atrás, hay antecedentes no solamente jurídicos muy importantes, como por ejemplo el fallo de la doctora Mariel Boruto, jueza federal del Juzgado de la ciudad de Río Grande, donde claramente habla de los beneficios y las exenciones fiscales y en este caso un cambio tan sustancial del proceso productivo conllevaría a no tener obviamente la posibilidad de, por el otro lado, recibir tales beneficios».
«Si se viola el instrumento de esta política pública que tiene la finalidad geopolítica, demográfica, territorial, que está destinada a compensar la insularidad, a promover el poblamiento y asegurar la presencia soberana argentina en la Región. Los beneficios fiscales y aduaneros son considerados medios para alcanzar esos objetivos y no fines en sí mismos», dijo y destacó lo que expresó la jueza en su fallo, «porque la ley sigue vigente por más que el gobierno nacional la pretenda derogada, no pasó por el Congreso de la Nación».
También menciona la oposición del ministro de Producción y la necesidad de discutir y proteger los derechos y la soberanía industrial de la provincia quien es «la autoridad de aplicación y la que debe bregar también por que los procesos productivos se cumplan».
No obstante remarcó que «realmente hay que seguir dialogando con todas las partes, porque vuelvo a repetir, el alcance es demoledor».
Para finalizar, reclamo mas apoyo y unidad en defensa de la industria ya que «faltan muchos actores que se expresen en torno a esta situación. Hay otros que han acompañado y lo siguen haciendo, como el caso de la diputada Freites. Creo que hay que seguir sumando voces, porque no solamente tenemos argumentación técnica, legal, jurídica que nos respalda, sino porque realmente quisiéramos saber que es algo que todavía nadie nos quiere decir: qué pretenden hacer desde el Gobierno nacional con nuestra industria».
«Hoy tenemos que hacer un fuerte planteo a la solidaridad y a la unidad de todos, porque es la industria, es el comercio, somos todos, pero no sabemos muy bien qué es lo que pretenden hacer, en principio con la industria, que es la que genera todo ese arraigo y todo ese circuito virtuoso en términos económicos. Pero me parece que esta es una medida más política que económica, tiene que ver con vaciar rápidamente nuestra actividad. Y ya sabemos que derechos, que perdemos, derechos, que por más cambios de gobierno que haya no se recupera», finalizó.
