El juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Ernesto Löffler, criticó el funcionamiento del sistema judicial penal frente a la reciente entrada en vigencia de la Ley 27.801 (Nuevo Régimen Penal Juvenil).
En sus declaraciones a RADIO PROVINCIA, el magistrado lo destacó como «un cambio paradigmático respecto de lo que organizaba la Ley 22278 sanciona en 1980» y «merecía una actualización». No obstante apuntó contra la falta de iniciativa de los fiscales de Ushuaia y las dificultades de adaptación del sistema procesal local ante este cambio normativo nacional.
El programa discute la implementación de la Ley 27.801 en Tierra del Fuego, que reduce la edad de imputabilidad de menores de 16 a 14 años y establece un régimen de responsabilidad penal para resocializarlos. «El tema central y preocupante que es va a tener un costo financiero. Hay estándares que impone la ley que hay que cumplir, que a la provincia le van a significar hacer erogaciones», indicó.
Además recordó que el tribunal que juzga este tipo de delitos es colegiado y ad hoc que se integran en los distintos distritos. Antes, cuando ya existía solamente la Cámara de Apelaciones de Río Grande, lo integraban dos jueces de la Sala Penal y uno de la Sala Civil. «Hay que ver si se toma la decisión de crear un único tribunal en toda la provincia, si va a ser unipersonal o colegiado. Eso queda todo a criterio por un desprendimiento de lo que es el principio federal, queda todo bajo la regulación de las provincias».
La ley introduce nuevas categorías de penas y exige la creación de estructuras y recursos para cumplir con los estándares, como tribunales especializados y centros de detención separados para menores.
Loffler destacó la preocupación por el costo financiero y la falta de recursos, así como la necesidad de capacitación para jueces y fiscales. Y subrayó que «la provincia que está complicada en este momento como para andar creando estructuras. Vamos a ver cómo hacemos para readaptar algunas estructuras a partes exige especialización, que ese es otro problema, porque tanto los jueces, los fiscales, los supervisores, los defensores, tienen que especializarse en la materia de minoridad, tiene que tener una capacitación especial en este tipo de área del Derecho».
«Me parece que la Nación debería contribuir porque está transfiriendo servicios y debería transferir los recursos pertinentes para atender esos servicios. La ley también asigna una partida de 23.760.000.000 de pesos que van a servir para financiar la puesta en marcha del sistema de acá a fin de año. De esos 23 mil millones y pico hay 3 millones y pico que se van a asignar al Ministerio de Justicia. Porque hay también organismos federales que se están creando y van a financiarse con estas partidas. Así, a primera vista me parece que no es una suma de dinero que pueda servir para el caso de Tierra del Fuego y eso que somos una provincia chica», explicó.
Tenemos que hacer toda una reingeniería y hay normas también dentro de la ley que exigen que se apliquen los principios del sistema acusatorio adversarial y nosotros tenemos, somos la única provincia que todavía tiene el sistema mixto, deberíamos avanzar en la reforma de nuestro Código Procesal Penal para también incorporar estos institutos, a pesar de que ya lo tenemos en flagrancia y contravención, pero básicamente en flagrancia, que es donde se aplica, Hay que hacer una reforma integral del código. En minoría se exige que se apliquen estos principios.
En cuanto a la prisión, aseveró que se puede cumplir de tres maneras. «Puede ser prisión domiciliaria, prisión en un establecimiento especial abierto, y para eso nosotros vamos a tener que crear dentro de la provincia Institutos también preparados para recibir y para tratar y para cumplir con los estándares que exige la ley. Y también otros institutos carcelarios cerrados donde hay que alejar a los menores. La ley prohíbe alojar a los menores conjuntamente con los mayores. Pero todo eso es gasto, si bien la ley prevé también que se pueden celebrar convenios interprovinciales o con la Nación a los efectos de disponer el traslado de menores institutos que ya están funcionando, es artículo en Tierra del Fuego es inaplicable porque nuestra Constitución expresamente prevé que las personas privadas de su libertad deben cumplir la pena en Tierra del Fuego no se las puede trasladar», aseguró.
La discusión concluye con preocupaciones sobre el federalismo y la falta de recursos para implementar la ley, comparándola con la Ley de Salud Mental y el narcomenudeo donde «se transfiere la competencia pero no el recurso para que se administre justicia en relación a ese tipo de esos tipos penales».
Entonces «la ley es muy buena, marca una evolución, pone el eje en la responsabilidad que el menor que comete un delito tiene que tomar conciencia que es responsable y hay que trabajar en la reeducación, en la inserción laboral, deportiva, cultural, educativa y todo eso. Insisto, está muy bien, pero ¿cómo la pagamos o le hacemos frente?», concluyó.
