La causa por supuestas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos estatales durante la gestión de Alberto Fernández salpica a Tierra del Fuego.
Cabe recordar que tras 16 años de contrato como caja “obligada” con el BTF seguros, el mismo se dio de baja con argumentos “técnicos” lo que permitió el desembarco de la empresa de Héctor Martínez Sosa y Cia SA para quedarse a cargo de los seguros Estatales.
El Dr. Jorge Pintos, integrante del Colegio de Abogados de Ushuaia explicó en RADIO PROVINCIA que avanzo en una investigación ya que «no hay ninguna duda que acá mínimamente es que un organismo del Estado Provincial deja de cobrar millones de pesos en comisiones, las cuales serán fluctuadas por un particular amigo del presidente. No es cualquiera, es un amigo del presidente que hizo esa misma operatoria a nivel nacional».
«Entonces lo que hice fue recopilar y tomar toda la información de los medios públicos. Algunas las transcribí, verifiqué en el Boletín Oficial, vi que un legislador había ya había pedido informes y nunca le fueron contestados sobre ese convenio pero en el sistema de la Legislatura eso no se podía ver, es algo llamativo. Pero ese convenio está en está publicado en el Boletín Oficial. Esto es un decreto provincial, por lo cual, el gobernador estableció que la Oficina Provincial de Contrataciones sería la encargada de llevar adelante la tarea como agente petitorio que antes le fuera encomendado al Banco Provincia Tierra del Fuego, mediante el Convenio 975», indicó.
«De esta forma, el Banco de Tierra del Fuego deja de actuar como agente inhibitorio de seguro de todos los organismos del Estado, siendo que poseía un departamento de seguros especialista en el tema. Y después de eso el Gobernador dicta el Decreto 1020 que contrata la empresa Martínez Sosa como asesor de seguros de la Administración pública, pasa a cumplir esa función y por ello cobra las comisiones del Estado ya pagadas por las empresas de seguro. Es una maniobra que está reñida desde todo punto de vista con la Convención contra la Corrupción que ha firmado Argentina, porque se le deja a un privado que decida y acuerde las comisiones para los contratos con el Estado», remarcó.
«Martínez Sosa es el intermediario de los seguros que contratan toda la administración pública sin que se sepa la comisiones que se arreglan», aseveró y agregó que en esto hay un perjuicio «porque el Estado como agente y territorio ético, antes recibía comisiones por esa contraprestación y que va a las arcas del Estado para mejorar las prestaciones hacia los ciudadanos. Pero este el gobernado de alguna manera decide que no y se lo da a un privado», explicó.
«Espero que la Justicia esté a la altura de las circunstancias y lo tome seriamente así podemos echar luz sobre sobre este tema y tratar de impedir que se hagan otros negocios similares», finalizó.
