El Senador Nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de ley para crear en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la gestión de la pandemia del COVID 19 por parte del Gobierno Nacional a cargo del Presidente Alberto Fernández.
Blanco explica que: “la Comisión tendrá como principal objetivo analizar y verificar la existencia de irregularidades en las decisiones adoptadas por todas las áreas del gabinete de gobierno y estará integrada por seis (6) diputados nacionales y seis (6) senadores nacionales, designados por los presidentes de cada cámara, respectivamente, respetando la pluralidad de la representación de ambas cámaras. La misma tendrá un (1) presidente y un (1) vicepresidente, los cuales serán elegidos por la comisión.
“Días pasados el ex Ministro de Economía Martín Guzmán habló sobre la cuarentena por la pandemia del Covid-19, que se dispuso durante la gestión de Alberto Fernández, y afirmó que se extendió más de lo que debería para sacar un rédito político. Lo hizo durante una entrevista con el portal Cenital”.
“Por eso es imperativo que este Congreso se avoque a determinar las responsabilidades políticas, identifica a los responsables y haga las denuncias de rigor”, finalizó el senador fueguino.
Por otro lado
Blanco presentó un proyecto que busca defender y restaurar el derecho de acceso a la información pública, un derecho fundamental consagrado en la Ley 27.275, en respuesta a las recientes restricciones impuestas por el gobierno mediante el Decreto 780/2024
El Decreto 780/2024, promulgado por el Poder Ejecutivo, ha generado gran preocupación entre los defensores de los derechos civiles y la transparencia gubernamental. La normativa introduce cambios significativos que limitan el acceso ciudadano a datos, registros y documentos que son esenciales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado.
El senador Blanco explicita en su proyecto “Su rechazo al Decreto 780/2024 que reglamenta a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública vulnerando no sólo la potestad del Congreso de la Nación sino el derecho fundamental que todo ciudadano tiene a acceder a registros, datos y documentos de interés vinculados con las actividades del Estado y de los funcionarios responsables de las distintas áreas a cargo del Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función”.
Blanco “considera al Decreto 780/2024 como un retroceso de la calidad institucional de la que gozaba hasta ahora la República que debe ser urgentemente subsanado”.
«Este decreto es un claro retroceso en materia de derechos y libertades fundamentales. Lo que hace es proteger a los funcionarios públicos y fomentar el secretismo, limitando la capacidad de la ciudadanía de conocer cómo se gestiona la administración estatal», sostuvo Blanco.
