La ley 1457, sancionada en 2022, prohíbe hacer fuego en zonas agrestes hasta el 30 de junio de 2024, pero recientemente la legislatura aprobó una prórroga de la medida hasta 2026. A pesar de esta normativa, Lechman denunció que la falta de fiscalización viene permitiendo que estas prácticas continúen impunemente en zonas protegidas.
“Es inadmisible que no haya control sobre estas acciones irresponsables. El Estado debe garantizar el cumplimiento de las normas ambientales con personal adecuado y equipamiento que respalde el esfuerzo por proteger el medio ambiente”, señaló el legislador.
El peligro de incendios en la Isla sigue siendo crítica, y sin una fiscalización adecuada, los recursos naturales de Tierra del Fuego continúan en riesgo de sufrir daños irreparables.








