El presunto ataque intencional ocurrió el 4 de enero y llevó a allanamientos en kioskos y viviendas vinculadas a la causa. Los implicados fueron notificados de sus derechos y garantías, mientras la justicia avanza con la investigación.
La ciudad más austral del mundo se encuentra conmocionada por el ataque incendiario ocurrido el pasado 4 de enero en un predio ubicado en calle Karukinka, donde una camioneta Toyota RAV 4 fue prendida fuego intencionalmente. Las investigaciones derivaron en varios allanamientos y la imposición de medidas restrictivas para los imputados.
Por orden de la jueza María Cristina Barrionuevo, personal de la División Delitos Complejos Ushuaia realizó una serie de allanamientos el lunes 6 de enero.
Entre las ubicaciones inspeccionadas se destacan:
Zona céntrica: En la intersección de Yaganes y San Martín, fueron demorados Héctor Pedro Caballero (40) y Noemí Sánchez (25), quienes transitaban en un Chevrolet Joy bordó, presuntamente utilizado en el atentado. Vehículo que quedo a disposición de la justicia junto con prendas de vestir.
Valle de los Coihues: Se allanó la residencia de Caballero y Sánchez, efectuándose también requisas personales.
Kuanip al 1900: En este punto funciona un kiosko propiedad de Romina Cirigliano (36), conocida por haber denunciado una estafa millonaria que involucró a una funcionaria municipal, Vanessa Sáez, actualmente en el cargo. En el lugar se encontraron además de Diego Torrez (41) y Gabriel Di Ganci (29). Se secuestraron teléfonos celulares. recordemos que es la segunda vez que se secuestran celulares y que los primeros aún no han sido devueltos a los propietarios.
Puerto Español y en Río Ewan: También se allanaron las viviendas de Di Ganci y Cirigliano. Vínculos con denuncias previas
Romina Cirigliano tomó notoriedad nacional semanas atrás al denunciar públicamente y ante la justicia a la subsecretaria municipal Vanessa Sáez y su pareja Matías Roa por una estafa de decenas de millas de dólares mediante una financiera. Ambos siguen sin restricciones y sin ser allanados su domicilioas, incluso luego de hacerse publicas las amenazas por parte de Matías Roa por medio de un audio. La camioneta incendiada pertenece a Julio Sáez Pertiñez, familiar director de la funcionaria, quien estaría desde septiembre de licencia con goce de sueldo.Medidas judiciales
Todos los implicados fueron notificados de sus derechos y garantías. Como parte de las reglas de conducta impuestas, se les prohibió salir del país mientras avanza la causa y presentarse 3 veces por día para firmar asistencia. El hecho ha generado un fuerte impacto en la comunidad local y opiniones encontradas. La justicia trabaja en esclarecer los motivos detrás de este presunto atentado y las posibles conexiones con denuncias previas.
Dentro de los interrogantes sobre el caso surge la no acción por parte de la policía sobre los teléfonos celulares de los acusados y la falta de restricciones a la movilidad.











