En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, el Gobierno nacional prevé aumentar un 27,2% los recursos destinados a la función “Educación y Cultura” con respecto a la previsión al cierre de 2026. Teniendo en cuenta la inflación promedio de 20,5% prevista para 2027, el aumento equivaldría a un incremento del 5,6% en términos reales. La variación supone una leve recuperación frente a la caída de la inversión desde 2024, aunque sigue un 44,4% debajo de 2023.
Los datos surgen del informe “Presupuesto educativo nacional 2027”, de Argentinos por la Educación, elaborado por Javier Curcio (FCE/UBA, IIEP-UBA CONICET), Tomás Besada y María Sol Alzú . El documento analiza el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, tanto a partir de los recursos asignados a la Secretaría de Educación como del conjunto de gastos correspondientes a la función “Educación y Cultura” de la Administración Pública Nacional.
A pesar de la recuperación prevista, la inversión nacional en educación seguirá en niveles históricamente bajos en relación con el tamaño de la economía. En la última década, tras alcanzar un máximo de 1,52% del PIB en 2017, el gasto educativo nacional fue reduciéndose hasta representar 0,86% en 2024 y 0,78% en 2025. El Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 estima un 0,77% para el cierre de 2026, mientras que para 2027 se prevé un leve aumento hasta 0,79% del PIB. De esta manera, será el cuarto año consecutivo en que la inversión nacional en el sector quede por debajo del 1% del PIB.
El Presupuesto 2026 contemplaba una inflación de 13,8% promedio para 2026, un aumento nominal de 22,9% para la función Educación y Cultura, y de 18,3% de la Secretaría de Educación. En contraste, la previsión al cierre del 2026 prevé como escenario una inflación promedio de 32,3%, un crecimiento nominal para la función Educación y Cultura de 33,1%, y de la Secretaría de Educación de 32,8%.
Este escenario se da además luego de la derogación, a partir del ejercicio fiscal 2026, del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 establecía que la inversión consolidada de Nación, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires debía alcanzar como mínimo el 6% del PIB. Desde la sanción de la ley, esa meta solo se había alcanzado en 2015.
El financiamiento educativo argentino está fuertemente descentralizado: las provincias concentran aproximadamente el 75% del gasto público destinado a educación, ya que tienen a su cargo el sostenimiento de las instituciones de nivel inicial, primario, secundario y superior no universitario. El presupuesto nacional, en cambio, concentra principalmente los recursos destinados a las universidades nacionales y a distintos programas y políticas educativas de alcance federal.
La evolución de largo plazo muestra que el gasto educativo nacional cayó de manera sostenida desde 2017 hasta 2020 y luego se recuperó hasta 2023. En 2024 volvió a registrarse una fuerte contracción: el gasto pasó de 16,7 billones de pesos constantes de 2026 en 2023 a 9,4 billones en 2024. En 2025 alcanzó los 8,7 billones y, según la previsión de cierre incluida en el proyecto de Presupuesto, llegaría a 8,8 billones en 2026. Para 2027 se proyectan 9,3 billones de pesos constantes de 2026, una recuperación todavía parcial frente al ajuste acumulado en los años anteriores.
El crecimiento previsto para Educación y Cultura es superior al de la mayoría de las funciones del Estado. Con una suba nominal del 27,2% respecto de la previsión al cierre de 2026, se ubica como la tercera función con mayor incremento positivo, detrás de Salud (39,8%) e Información y Estadística Básicas (28%). Descontando la inflación prevista, la mejora real sería del 5,6%.
Si se analiza específicamente la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, el aumento sería más moderado. Su presupuesto crecería 23% nominal respecto de la previsión al cierre de 2026, lo que representa una mejora de alrededor del 2,1% en términos reales. La Secretaría aparece así entre los cinco organismos nacionales con mayores aumentos previstos, aunque su crecimiento real sería menor que el del conjunto de la función Educación y Cultura.
Las diferencias también aparecen cuando se observa a qué niveles y programas se destinan los recursos. Frente al presupuesto vigente de 2026, los programas correspondientes a Educación Obligatoria y Superior No Universitaria tendrían un incremento nominal del 34%, equivalente a una mejora real del 11,2%. En cambio, la Educación Universitaria aumentaría 20,9% nominal, prácticamente en línea con la inflación prevista: la variación real sería de apenas 0,3%.
Uno de los principales incrementos previstos para 2027 corresponde al Plan Nacional de Alfabetización. El proyecto contempla para ese programa $773.830 millones, un 38,3% más que el presupuesto vigente de 2026, y por lo tanto un aumento superior a la inflación proyectada (20,5%). La universalización de la jornada extendida seguirá siendo el principal destino de los recursos: recibirá $586.781 millones, equivalentes al 75,8% del total. Su peso, sin embargo, se reduce frente al 80,3% que representa en el presupuesto vigente de 2026.
Para 2027, se prevé incorporar el Compromiso Federal por la Matemática, establecido en la Resolución CFE 513/26. La iniciativa contempla líneas de acción vinculadas con la extensión de la jornada escolar, la producción y distribución de materiales pedagógicos y recursos digitales, la formación docente, la evaluación y el monitoreo, y la participación de las familias y la comunidad. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2027 no identifica una partida presupuestaria específica para su financiamiento.
Las universidades continúan concentrando la mayor parte de los recursos de la Secretaría de Educación. El programa “Desarrollo de la Educación Superior” representa el 80,1% del presupuesto de la Secretaría en 2027, 2 puntos porcentuales menos que en 2026. Le siguen el Plan Nacional de Alfabetización, con el 8,3%, y Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes, con el 5,2%. En conjunto, los programas correspondientes a educación obligatoria y superior no universitaria absorberían el 12,5% del presupuesto de la Secretaría.
Javier Curcio, coautor del informe, afirma: “El refuerzo del Programa Nacional de Alfabetización y la incorporación de nuevas líneas para fortalecer aprendizajes fundamentales, como Matemática, son señales positivas. Sin embargo, estos avances deben analizarse en el marco de la contracción del financiamiento educativo de los últimos años. Mejorar los aprendizajes requiere programas específicos, pero también una inversión sostenida y suficiente para fortalecer las capacidades del sistema en todos sus niveles. En lo referido a la educación superior, resulta fundamental garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, dado el rol estratégico de las universidades nacionales en la formación de capital humano, la generación de conocimiento y el desarrollo económico y social del país.”
«El informe muestra con claridad la magnitud de la caída de la inversión educativa nacional: pasó de representar el 1,42% del PIB en 2023 al 0,79% previsto para 2027. El proyecto de Presupuesto 2027 marca un cambio de tendencia, con un crecimiento real del 5,6%, aunque se trata de una recuperación moderada frente a la reducción acumulada de los últimos años», sostiene Virginia Giordano, economista de IDESA. «En los últimos años, el aporte nacional a la educación básica redujo su peso dentro del financiamiento del sistema. Este cambio no debería analizarse únicamente como una menor participación del Estado nacional, sino también como un avance hacia una distribución más clara de responsabilidades dentro del esquema federal. La gestión cotidiana de las escuelas, su organización y su financiamiento corresponden principalmente a las provincias, mientras que la Nación debe concentrar su rol en la coordinación del sistema, la definición de objetivos comunes y estándares de calidad, la evaluación de resultados y la generación de información pública. Estos objetivos deberían ser concretos, medibles y permitir monitorear avances que vayan más allá de los aprendizajes mínimos evaluados actualmente», plantea Giordano.
«El informe expone que el proyecto de Presupuesto nacional 2027 significa la continuidad del desfinanciamiento de la función educativa observado desde la asunción del actual gobierno, lo cual significa una baja global del 35% con respecto al promedio del período 2017-2023. Además, se precisa que el Estado nacional se focaliza casi exclusivamente en el nivel universitario, que pasa de representar el 57% del presupuesto educativo nacional en 2023 al 80% en 2027, e incumple la ley vigente de financiamiento universitario. Los programas destinados a los niveles inicial, primario, secundario y superior no universitario contienen mermas más significativas (pasan del 0,32% al 0,08% del PIB entre 2023 y 2027) por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del Plan Conectar Igualdad, así como la reducción de la mayoría de los programas restantes”, señala Juan Doberti, docente e investigador de la UBA. Y continúa: “Aun en el caso de cumplirse los supuestos optimistas del gobierno en términos de inflación, crecimiento económico y recaudación impositiva, el rasgo distintivo del proyecto de Presupuesto nacional 2027 es la consolidación del desfinanciamiento educativo”.
“El gasto presupuestado en Desarrollo de la Educación Superior no prevé cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795). Resulta central el cumplimiento de la normativa para el sistema científico, pero también como reflejo del compromiso republicano por parte del Poder Ejecutivo Nacional”, analiza Jorge Lo Cascio, economista y magíster en Educación. Y agrega: “El Plan Nacional de Alfabetización se concentrará en actividades tendientes a extender la jornada escolar. Sin embargo, eso se combina con una caída muy fuerte de la inversión en Infraestructura y Equipamiento (-34% en términos nominales), lo que continúa profundizando las desigualdades educativas de los estudiantes de escuelas públicas respecto de condiciones edilicias de cursada, equipamiento tecnológico o conectividad. Ese recorte afecta las escasas posibilidades de muchos alumnos para lograr una alfabetización plena”.
Por su parte, Marcelo Rabossi, doctor en Educación y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, sostiene: “La inversión nacional en educación en términos del PIB -un indicador de la prioridad que un país asigna al sector- cayó del 1,42% en 2023 a un proyectado de apenas 0,79% para 2027. Este ajuste afectó especialmente a las universidades nacionales, principales destinatarias del presupuesto educativo nacional. Si bien en 2026 se observa una recuperación, esta se encuentra lejos de compensar la pérdida acumulada desde 2023. En 2027, el presupuesto universitario volvería a estancarse, lo que pone en duda la capacidad de las universidades para sostener adecuadamente su funcionamiento”.
