Así lo consideró el integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos, José Piñeiro, ante la iniciativa del Ejecutivo provincial de pedir al parlamento que declare la emergencia en seguridad y que se destinen cinco mil millones de pesos a soluciones paliativas. Sin embargo, el periodista, integrante del Comité contra la Tortura, dijo a título personal que “se viven declarando emergencias, destinando fondos supuestamente para resolverlas y parece que es una emergencia permanente”. También alertó sobre la situación de las mujeres privadas de su libertad de Río Grande que deben ser trasladadas a cumplir la pena en Ushuaia, con todo el desarraigo familiar y afectivo que esto implica.Leer másDESDE LAS BASES
