Los trabajadores del puerto de Ushuaia reclaman “una pronta definición judicial que restablezca la seguridad jurídica y permita recuperar la normalidad institucional del puerto”. Realizaron diferentes presentaciones en ese ámbito, ante la intervención resuelta por el gobierno nacional, y advierten que “Más de 140 familias dependen directa e indirectamente de la continuidad y estabilidad de la Dirección Provincial de Puertos”. Manifestaron preocupación porque, desde la intervención, “los ingresos que genera la operatoria del Puerto de Ushuaia ya no ingresan a la Dirección Provincial de Puertos sino que son depositados en cuentas pertenecientes a la Administración General de Puertos (AGP) en liquidación”.
Aseguran en un escrito que “el objetivo de acudir a la Justicia es precisamente encontrar una solución institucional que permita superar el conflicto antes del inicio de la temporada”.Leer másDESDE LAS BASES
