La intervención del gobierno nacional en el puerto de Ushuaia desató un profundo conflicto sociolaboral, que mantiene en vilo a más de un centenar de familias estatales. Los trabajadores denunciaron un escandaloso incremento del 1.400 por ciento en las nuevas contrataciones de limpieza y mantenimiento, al mismo tiempo que alertaron sobre la falta de estudios de impacto ambiental en las obras proyectadas. En medio de un complejo escenario judicial que involucra a la Procuración de la Nación y a los tribunales federales locales, los afectados apuntaron contra la discriminación gremial y calificaron el desembarco federal como “una verdadera usurpación del patrimonio provincial”.Leer másDESDE LAS BASES
