La reciente decisión del Juzgado Federal de Río Grande marca un hito en la defensa del ecosistema del Atlántico Sur ante la actividad extractiva no autorizada por la Argentina. A través de una demanda ambiental impulsada por una entidad especializada, se busca detener de manera urgente la depredación marítima en las zonas adyacentes a las Islas Malvinas. El éxito de la medida cautelar dependerá ahora de las notificaciones diplomáticas en el exterior, un proceso clave que requiere el accionar conjunto del ámbito judicial y la Cancillería. El secretario de la jueza Mariel Borruto, Juan Vicente, se refirió al estado del trámite.Leer másDESDE LAS BASES
