Varias de las sesenta familias afectadas por una estafa inmobiliaria en Río Grande han decidido ocupar de manera pacífica los terrenos que compraron en 2017 y que nunca les fueron entregados. La causa involucra a empresarios de Ushuaia Agra y Prieto, como a exfuncionarios de la Caja Previsional de la Policía provincial.
El abogado riograndense Paulino Rossi, que representa a 60 familias estafadas en Río Grande, dio detalles sobre la “toma” pacífica que realizaron en los terrenos que compraron en 2017. La causa involucra a empresarios de Ushuaia y a un excomisario, funcionario de la Caja Previsional de la Policía provincial en el momento de la operatoria.
Según el abogado, “es un punto de hartazgo para estas familias que han esperado pacientemente desde 2017 para hacer uso de los terrenos que compraron como solución habitacional”. Rossi señaló que “estos terrenos fueron desmarcados por las familias, quienes llevaron palets y otros materiales para exhibir su derecho de posesión, aunque carecen de servicios básicos y no pueden instalarse allí para vivir”.
Las denuncias apuntan a los empresarios Darío Prieto y Walter Agra, además de quienes estaban a cargo de la Caja Previsional de la Policía provincial en el momento de la estafa. Rossi afirmó que “la causa penal caratulada se está llevando adelante junto con una causa civil, debido al desmanejo y malversación de fondos públicos”.
Respecto a la legalidad de las acciones de las familias, Paulino Rossi declaró que «sería el colmo. Si la Caja de la Policía que los estafó ahora les hace una denuncia por ocupación irregular de los terrenos, sería muy directamente el mundo del revés. Ellos han pagado por un lote que está delimitado en un plano que, en su momento, fue publicitado por un conjunto de empresarios y por la Caja de la Policía. Se trata de una situación irregular, pero dista mucho de ser una situación delictiva, o con algún cuestionamiento legal«.
Además, el abogado mencionó nuevamente la implicancia directa del empresario Walter Agra, de Ushuaia, a través de Financar SA, la empresa encargada del fideicomiso y de las obras. “El otro responsable del fideicomiso es Darío Prieto, un conocido empresario del turismo en Ushuaia. Firmó todos los contratos y, tras cobrar la última cuota, cerró su oficina y dejó de atender el teléfono”, concluyó Rossi.
