Varias de las sesenta familias afectadas por una estafa inmobiliaria en Río Grande han decidido ocupar de manera pacífica los terrenos que compraron en 2017 y que nunca les fueron entregados. La causa involucra a empresarios de Ushuaia Agra y Prieto, como a exfuncionarios de la Caja Previsional de la Policía provincial.
El abogado riograndense Paulino Rossi, que representa a 60 familias estafadas en Río Grande, en comunicación con RADIO PROVINCIA indicó que se trata de una «situación paradójica en Tierra del Fuego» en esta situación tan puntual de 60 familias que «tuvieron que hacer una toma de terreno porque tenemos una clase política totalmente hipócrita que se jacta de regularizar miles de situaciones irregulares, usurpaciones, con millones y millones de fondos públicos pero estas familias que pagaron sus terrenos, fueron defraudados en su confianza por el propio Estado. No olvidemos que el titular dominial de su tierra es el Estado Provincial a través de la Caja Previsional de la Policía Fueguina».
Rossi dijo que las familias afectadas llevaron adelante un «hecho simbólico», luego del «hartazgo e impotencia» para visibilizar la situación de estafa así «la clase política reacciona. Si bien la justicia tiene sus tiempos y es entendible pero nosotros hemos utilizado los mecanismos institucionales, porque los que tienen que dar soluciones miran para el costado permanentemente y buscamos algún mecanismo extrajudicial, obviamente para que los responsables de las áreas de gobierno provincial visibilicen esta situación y encuentren la solución primaria, que es darle los servicios o terrenos que se pagaron».
«Parece que hemos naturalizado la corrupción», criticó y agregó que «no hay dudas que pasaron más cosas y esto es la punta del iceberg de un montón de situaciones, pero hemos llegado al extremo de que no solamente han usado los fondos públicos y la plata, que es la jubilación de la Policía para esta estafa, sino que quieren tratar de que la gente se olvide o pase desapercibido».
Para finalizar, Rossi aseveró que «en el corto plazo, no veo sinceramente una intención de solución porque a mí lo que me preocupa es darle solución a la gente, que tengan su terreno con sus servicios y después seguir para en algún momento encontrar los responsables y que paguen las consecuencias. Pero a la vez el IPV, Obras Públicas, con el gobierno de la provincia, la caja previsional que tiene fondos, tienen que tomar la iniciativa y romper la inercia. Una vez que solucionemos trabajaremos en conjunto, veremos de qué manera se sigue».
«Esta situación no pude quedar desapercibida», remarcó finalmente.
