El pasado 29 de agosto, la sesión legislativa fue abruptamente suspendida, y no fue por casualidad. Tampoco se debió a que a los legisladores de la oposición les preocupaba tratar proyectos urgentes como el Régimen Especial de Regularización de Deudas con la AREF, que busca apoyar a los comercios locales en dificultades para pagar sus tributos debido a la crisis. En realidad, había un trasfondo más complejo y preocupante.
Desde el bloque de Somos Fueguinos, se tenía previsto presentar un proyecto de ley crucial que buscaba garantizar que todas las iniciativas privadas relacionadas con los puertos, tanto los ya existentes como aquellos que se pudieran crear en el futuro, deban obtener la aprobación legislativa. Esta medida pretendía asegurar un control más riguroso y evitar que decisiones de gran impacto económico y social se tomen a puertas cerradas, sin la debida supervisión.
La suspensión de la sesión se da en un contexto donde el gobierno, una vez más, demuestra su preferencia por intereses económicos específicos. Prueba de ello es la carta enviada el 16 de agosto de 2024 por la Dirección Provincial de Puertos al CEO del Grupo Mirgor Argentina, en la que se elogia el proyecto de la empresa para la Terminal de Cruceros y Catamaranes en Ushuaia. Este proyecto, sin duda beneficiará a un grupo económico en particular, ha sido catalogado por la administración provincial como un «punto de referencia» para la región, con la promesa de convertirse en un «epicentro de la vida social» y un factor clave para el crecimiento urbano y turístico.
El proyecto de ley que iba a ser presentado por el bloque de Somos Fueguinos tenía como objetivo evitar que el futuro de los puertos, y por ende, de la economía de la provincia, quede en manos de unos pocos.
