Un grupo de padres de la Escuela Nº 32 de Río Grande, patrocinados por el abogado Francisco “Paco” Giménez, presentó un recurso de amparo contra el Gobierno provincial para exigir el cumplimiento del derecho constitucional a la educación.
Durante la jornada, los padres de familia presentarán un proyecto en la Legislatura para que la educación sea declarada esencial ante la falta de clases en las escuelas públicas de Tierra del Fuego, debido a los paros docentes.
En declaraciones a RADIO PROVINCIA sostuvo que «los docentes tienen el derecho de ejercer como mejor le parezca su derecho de huelga, como el reclamo de las mejores condiciones salariales, edilicias y laborales. Por el otro lado, los padres tienen el derecho de reclamar por la educación de sus hijos. Entonces hay dos sectores que tienen derechos, pero hay un sector fundamental que es el que tiene la obligación de garantizar la educación, que es el Gobierno provincial y es el que no hace absolutamente nada».
Para Giménez «hay una tragedia educativa que los padres lo van a seguir pagando, fundamentalmente sus hijos, cuando quieran ingresar en el mercado laboral, o en la escuela técnica o la facultad. Con un 30% de aproximadamente del ciclo escolar, que si lo proyectamos de acá a fin de año de 180, van a tener 60 días de clase».
Ante la intervención de la Fiscalía de Estado en exhortar al SUTEF para que las medidas gremiales no entorpezca el normal ciclo lectivo dijo que «es solo una mera declaración pero no alcanza con eso porque hablamos de lo mismo. No se comprende verdadera la verdadera tragedia porque ellos no mandan a los hijos a la escuela pública. Ellos no lo ven, porque ellos sí pueden garantizar una educación de calidad hacia sus hijos y esos serán los futuros dirigentes de los que hoy no estudian. A la escuela pública van los hijos del policía, el hijo del mismo docente, el desocupado, el hijo del empleado del hospital. Entonces, insisto, no tenemos que caer nosotros en una una pelea de pobres contra pobres».
Por lo cual, la intromisión de la Justicia «es el único ámbito constitucional, el único poder del Estado que puede mediar en esto, hacer un equilibrio y ordenar al Poder Ejecutivo que tome cartas en el asunto porque el trastorno que crea no solo es educativo sino familiar».
A la situación se le agrega la «no proyección de obras de escuelas» y «la cuestión edilicia escolar» pero insistió en la responsabilidad del Estado provincial en el «acceso a la cultura, de la integración, a la igualdad».
El reclamo de los padres fue presentado en el Juzgado Civil y Comercial. «Hubo antecedentes donde se aplicaron multas a los responsables de las áreas así que veremos como se desarrolla esta semana. No hubo otra alternativa, agotaron los recursos, hay padres desocupados que ven que sus hijos siguen en el mismo camino», finalizó.
