jueves 29, octubre 2026

Carrizo: «Hay una desigualdad por un Gobierno que ha permitido a algunos hacer lo que quieran con la educación

El secretario general de AMET, Juan Carrizo, destacó la resolución de la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas de rechazar el procedimiento del dirigente gremial Horacio Catena de acceder a sueldos retroactivos y cargos jerárquicos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

La situación había sido advertida por la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica teniendo en cuenta irregularidades en la reconstrucción de la carrera del docente por parte del Ministerio de Educación y fue llevada a revisión.

En declaraciones a RADIO PROVINCIA, Carrizo indicó que «recibimos por parte de la Fiscalía de Estado la resolución de la presentación que hicimos en el mes de junio, se movió rápido, y por parte del Tribunal de Cuentas que se demoro un poco mas, ya lo recibimos, entonces terminó de cerrar el circuito administrativo».

En este sentido, aclaró que «hicimos una presentación, no denunciando a alguien en particular, sino denunciando procedimiento irregular sobre un acta que había empezado a circular en las redes donde estaba firmada por funcionarios del Ministerio de Educación y representantes de los docentes que habían sido exonerados y que estaban en proceso de reincorporación al Estado y esta reconstrucción de carrera surgió por un pedido de la misma persona, digamos, el causante que se había hecho en el 2024, donde él solicita, todos estos puntos, habla de que se los reincorpore a los cargos que tenía, y que se vea las posibilidades de qué cargo hubiera ocupado en caso de haber continuado su carrera en forma normal. También pidió un resarcimiento patrimonial por los años que no pudo este ejercer su profesión, digamos, esa fue la base de una solicitud. Por eso se arma esta reunión y se determinó exacta, la violación de los procedimientos normales de ascenso jerárquico en la carrera docente».

Mientras que el Ministerio de Educación «deslinga responsabilidad» y en las dos declaraciones se indicó que «fue una reunión técnica donde se trataron estos temas, pero no era una cuestión vinculante o que se fuera llegar a cumplir. Ahora bien, tanto el Fiscal de Estado como el Tribunal de Cuentas advirtieron al Ministerio que a pesar de ello, si tomaron acciones posteriores a eso. Por ejemplo, le solicitaron a la Caja de Previsión y a la de Recursos Humanos que calcularan que salarios se les deberían pagar de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a una posible reconstrucción de carrera. Y a la caja se le preguntaron que aportes y que contribuciones se le estaría debiendo para la cuestión jubilatoria».

Entonces se encontró «una especie de contradicción» porque se tomaron acciones sobre lo que se estaba por resolver y «en el medio entró nuestra presentación, donde quizás frenó toda esta posibilidad de una renovación indebida o de una reconstrucción que no corresponde en la carrera de nadie».

Aseguró que «como no se avanzó en la situación, no hubo ningún error administrativo hasta el momento, digamos, simplemente fue una averiguación de información pero se advierte que si se sigue en ese proceso estaría violando el estatuto docente y los procedimientos administrativos correspondientes».

También advirtió de que «la Junta de Clasificación y Disciplina de nivel secundario tiene que rever el funcionamiento y normalizarla, porque, está actuando en forma ilegal directamente, porque no puede sugerir una carrera, supuesta de alguien sin considerar al resto de la docencia que se inscribe todos los años que se concursa, que se capacita, que va sumando puntaje. No puede hacer la reconstrucción obviando al resto de los docentes que están en una carrera. Además los que aparecen en esa en esa acta son miembros de la Junta, representantes sindicales y que tienen su mandato vencido

«Entonces hay un modus operandi en la Junta que es beneficiar a algunos en perjuicio de otros y tratan de estirarlo en el tiempo para que esto siga alargándose», criticó.

Para finalizar, Carrizo observó «una desigualdad marcada por la política de un gobierno que le ha permitido a algunos hacer lo que quieran con la educación de la provincia y el resto, que nos oponemos a que se hagan las cosas mal, nos cierran las puertas y no nos dejan participar ni poner palabras, nada. Pero tampoco nos hemos quedado cruzados de brazos y hemos tratado de alguna forma de que se cumplan las normas y las reglas».

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