A un mes de la intervención dispuesta por Nación en el Puerto de Ushuaia presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, denunció falta de comunicación, restricciones operativas y retención de fondos.
En declaraciones a RADIO PROVINCIA, el funcionario sostuvo que no ha habido cambios significativos en las operaciones, y la comunicación con la intervención es nula. «Sigue todo como estaba antes, la temporada se sigue desarrollando como la tenía planificada la dirección provincial con la misma cantidad de turnos, los giros que habíamos otorgado. Así que simplemente lo que cambió fue la conducción. Por supuesto la prohibición a todo el personal que quedó fuera del listado e ingresó a su puesto de trabajo. Y el hecho de los fondos que están siendo depositados en una cuenta totalmente diferente a la cuenta recaudadora de la dirección provincial».
Sin embargo «todo lo demás, los problemas de infraestructura, de seguridad, que todo el peligro que había parece que se solucionó», dijo sobre los motivos de Nación para llevar adelante la intervención.
“Hoy estamos reasignando tareas en nuestro edificio, pero la estructura operativa del puerto está afectada”, sostuvo.
En ese sentido, el titular de Puertos afirmó que no existe ningún canal de diálogo formal con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). “No tenemos ningún tipo de comunicación. Las contestaciones formales y administrativas que enviamos no están siendo respondidas”, indicó.
Tras la circulación de unas fotos de pilotos deteriorados, Murcia remarcó que: «en su momento, la recomendación de los ingenieros de la AGP es que ese sitio no se utilicé para barcos de gran porte ni para movimientos de carga y que se ponga una embarcación medianamente liviana comparada con todas las demás. Y es por eso que ese sitio se ha utilizado históricamente para que tenga guardacostas de la Prefectura».
Murcia explicó que «desde el momento cero” de la intervención no se permitió el ingreso al área logística del puerto, o sea al sector ubicado desde la doble mano de Maipú hacia la zona operativa. Pero la mayor parte del personal desempeña tareas en el área logística como seguridad, fiscalización, operaciones y servicios generales «esos trabajadores no pueden ingresar, salvo 16 personas incluidas en el listado de la resolución nacional. Hoy estamos reasignando tareas en nuestro edificio, pero la estructura operativa del puerto está afectada”, sostuvo.
«La comunicación es nula», remarcó sobre las autoridades nacionales o el interventor.
El Presidente del Puerto confirmó que se prepara una nota para solicitar información sobre la presunta retención de 1.400 millones de pesos correspondientes al Puerto de Ushuaia.»El puerto cuenta con una cuenta recaudadora propia, al igual que la jurisdicción norte en Río Grande, mientras que la provincia posee una cuenta pagadora única. Pero al no tener acceso, pero desde el 21 de febrero la DPP no tiene acceso a los recursos de la cuenta recaudadora del puerto capitalino. Estoy utilizando la reserva destinada a obras de infraestructura para cubrir gastos corrientes y de personal”, señaló.
El funcionario también se refirió al quite de los carteles identificatorios de la Dirección Provincial de Puertos tanto del edificio central como de vehículos y maquinaria. “Sacar el cartel es simbólico, pero no modifica nada. Parecería una provocación”, denunció.
“El puerto es el motor de la economía provincial. Esto es un avasallamiento y un desconocimiento del trabajo conjunto entre lo público y lo privado que se viene realizando desde 1993”, subrayo.
Explicó que los empleados que actualmente integran la intervención, son trabajadores de la DPP que se encuentran con licencia por cargo de mayor jerarquía. “Una vez que termine la intervención, deberían volver y quedar a disposición de la Dirección Provincial de Puertos”, estimó.
Murcia expresa su preocupación por la falta de diálogo y la incertidumbre sobre el futuro del puerto, a la espera de la resolución de la Corte Suprema sobre la competencia de la intervención. «El juez federal local declaró la incompetencia y el tejido, las actuaciones. Así que bueno, nosotros estamos viendo con nuestro equipo de abogados cuál es la estrategia que vamos a seguir con respecto a esto», dijo.
«A mí me gustaría es que esto cese inmediatamente, o sea, que restituyan el puerto a la provincia, que es su verdadero propietario, quien tiene el dominio, y que después continúe en una situación administrativa o judicial, investigando todas las cosas que se dijeron para aclarar a la comunidad», concluyó.
