La Escuela Especial Nro. 1 Kayú Chénèn de Ushuaia continua en reparaciones por sus malas condiciones y necesita ser modernizada, pero las autoridades no han encontrado una solución adecuada. Esto ha provocado que los estudiantes y docentes se vean obligados a asistir a diferentes edificios improvisados, lo cual ha generado un gran malestar en la comunidad educativa.
En declaraciones a RADIO PROVINCIA, Maria José Pazos cuestiono el accionar del Ministerio de Educación, a través de Supervisión Escolar: «Fue un desmembramiento de la comunidad educativa de la Escuela Especial Kayu Chenen» y criticó la repartición de los servicios en distintos edificios durante el año pasado. «La matrícula propia que asiste a la sede quedó aislada. Además, pensar que esto también resiente el comedor de la escuela. Hay chicos que realmente necesitan asistir a la escuela para poder recibir su plato de comida caliente dentro de la institución», explicó.
Las familias han intentado comunicarse con las autoridades, pero no han recibido respuestas satisfactorias. «Después de ir a Supervisión Escolar de reuniones, de llevar notas, nosotros llevamos las propuestas, mientas que la única solución del Ministerio era de suspender las clases, hasta llevar a los docentes a que cumplan horario en distintos establecimientos, porque también ellos andan con este peregrinar».
«Hay un desmembramiento de toda la comunidad educativa los estudiantes, la familia, los docentes, el equipo directivo», remarcó y agregó que «no nos pueden dejar como nos están dejando desde septiembre y quién sabe hasta cuando, sin escuela».
Pazos cargó contra la ministra de Obras y Servicios quien se había comprometido en un plazo de 60 días finalizar la obra. «Sentimos la profunda tristeza de que todo es improvisación, nadie tiene en cuenta las necesidades educativa de la única escuela especial de Ushuaia y parece que a nadie le importara. A nadie se le cae la cara de vergüenza y nadie asume los costos», criticó.
Otra de las opciones ofrecidas por el Gobierno para retomar las clases el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el Barrio Escondido de Ushuaia, pero cuando las familias lo recorrieron pudieron dar cuenta de que no reúnen condiciones de seguridad ni accesibilidad. «Las paredes no son paredes ni de durlock, ni de material, ni de bloque. Son de vidrio, son como vitrinas, son como peceras», explicó. Además del riesgo, cuestionó las condiciones acústicas y de iluminación del lugar. “Es un lugar lleno de ruidos, con una iluminación que no está acorde, no tiene la acústica, no tiene la protección de nada”, dijo.
Para el turno vespertino, la alternativa fue la Escuela Provincial N° 40, pero esto sugiere problemas de accesibilidad para estudiantes con movilidad reducida ya que el edificio tiene tres pisos y se encuentra en una zona con fuertes pendientes. «No tiene rampas. La salida de emergencia por una escalera. ¿Cómo bajan una silla de ruedas en el turno vespertino?», dijo y agregó que «está en el medio de la montaña. No tiene ni vereda. Circular con una silla de ruedas, es imposible».
Para finalizar, Pazos sostuvo que la falta de atención a las necesidades de las personas con discapacidad es un problema generalizado en la provincia. «Todo es improvisación, y las familias de las personas con discapacidad tenemos que luchar permanentemente con tanta burocracia. Muchas familias se agotan en el intento por ejercer la defensa de los derechos de su hijo o hija con discapacidad, o su hermano, o su sobrino o quien fuera el tutor de ese estudiante».
