Tras la sesión del último jueves por parte de la Legislatura provincial por la cual se derogó la Ley 1529, el legislador Jorge Lechman analizó la situación política que deja esta decisión y sus eventuales consecuencias.
Cabe recordar que la Legislatura provincial derogó la ley que impulsaba la reforma constitucional, lo cual es una facultad que le corresponde según la Constitución. Esto generó un conflicto con el Poder Ejecutivo, que podría vetar la ley, pero la Legislatura podría insistir en su posición.
En este sentido, Lechman sostuvo: «lo que se debe rescatar es que once legisladores entendieron el reclamo de una sociedad que está viviendo sobre una angustia y la pena, viendo cómo una provincia tan rica como la provincia de Tierra del Fuego se cae a pedazos, como la incapacidad de administrar y de llevar adelante el destino de los fueguinos, se ve reflejada todos los días».
«Entonces, creo que esto dejó de ser el impulso de un bloque político y se transformó en el impulso de una sociedad que está totalmente en contra de un acto electoral. En momentos de crisis donde el pueblo, tristemente todos los días la pasa muy mal; no hace falta más que ver la realidad desempleo por doquier, pobreza en crecimiento maratónico, se ve indigencia que en Tierra del Fuego siempre fue nula, hoy la tenemos y es parte de nuestra realidad. Todos los días cierra un comercio nuevo todos los días. Hay una familia que lamentablemente ni siquiera puede pensar si cena, almuerza o desayuna y tenemos un gobierno provincial encaprichado en llevar adelante un proceso electoral», aseguró.
Asimismo, Lechman hizo unas consideraciones jurídicas sobre la cuestión. «Creo que aquí hay una gran confusión. La Suprema Corte de Justicia establece diferenciación por lo que ignora el Gobierno de la Provincia. En realidad hay dos momentos y dos órganos distintos en lo que sería el llamado o la puesta en vigencia del acto eleccionario. La función pre constituyente la ejerce la Legislatura de la Provincia, consiste en declarar la necesidad de reforma, fijar el enlace temático, establecer las condiciones es un acto del poder constituido, no del poder constituyente. La Legislatura no reforma la Constitución sino que habilita la posibilidad de que otro órgano lo haga. Y esto es lo que ha pasado. El poder constituyente derivado lo ejerce la Convención Reformadora, que es un órgano distinto, elegido por el pueblo, con un mandato específico y acotado a los temas habilitados por la ley de necesidad», explicó.
En cuanto a las consecuencias, indicó que: «La Legislatura nunca ejerció el poder constituyente ya que cuando la Legislatura sancionó la Ley 1529 no estaba ejerciendo poder constituyente derivado, estaba ejerciendo una función pre constituyente como poder constituido. Esto tiene una consecuencia relevante. Los actos del poder constituido están sujetos a las reglas del poder constituido, incluyendo la posibilidad de ser revocados, modificados o derogados por el mismo. Entonces la Legislatura no ha pasado ni ningún proceso en marcha. Al contrario, es potestad de la Legislatura sancionar la Ley de Reforma, como lo establece el artículo 192 de nuestra Constitución. Pero también es potestad de la Legislatura derogar ese proceso si no está en marcha».
Sobre el llamado a Reforma que realizo el Gobernador, en la fecha 30 de abril, aseveró que «el artículo 153 de la Ley de Procedimiento Administrativo es más que claro, no dice los actos administrativos de alcance general y los reglamentarios producirán efectos a partir de su publicación oficial y desde el día en que ello se determine. Si no designan tiempo, producirán efectos después de los ocho días, o sea, el nueve del cinco, recién estaría en vigencia el decreto publicado por el Gobernador de la Provincia Tierra del Fuego. Por ende, cuando la Legislatura, con todas sus facultades y en mayoría agravada, derogó la Ley 1529, no lesionó absolutamente nada. Es falso de falsedad absoluta lo que manifiesta el Poder Ejecutivo Provincial».
«El gobernador esta dentro de sus facultades , vetar una ley, no seria la primera vez», aseveró y agregó que la posición como legislador será la de insistir. «Ahí veremos después que otras acciones querrá llevar adelante el Gobierno provincial. Nosotros entendemos que no tendría otro tipo de vías, todos tenemos derecho a ejercer, valga la redundancia, nuestro derecho. Y si el gobernador cree que debe escalar un escalón más en sus reclamos, lo deberá hacer, por supuesto. Y nadie debe sentirse ofendido por eso».
En cuanto a la posición del Juzgado Electoral, remarcó que «no hay ley, por ende, el decreto es nulo por mayoría agravada».
Para finalizar, sostuvo que «la Legislatura actuó conforme a sus atribuciones. Yo entiendo el reclamo del Poder Ejecutivo. Seguramente harán las consideraciones que crean necesarias. Pero la ley está abrogada bajo las normas que establece nuestra Constitución. Por ende, acá no se ha violentado absolutamente nada».
