La Jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Dra. María Del Carmen Battaini salió al cruce de los cuestionamientos por la adquisición de un inmueble en la zona de la tranquera para concentrar las áreas periciales del Poder Judicial.
El edificio, donde funcionó una conocida clínica privada, se adquirió mediante licitación pública por un total de 1.200.000 dólares, financiados con un pago inicial de 180.000 dólares y el saldo restante en 36 cuotas.
Battaini en declaraciones a RADIO PROVINCIA explicó que la compra de un edificio para albergar las instalaciones forenses es una adquisición muy importante y beneficiosa para brindar un mejor servicio de justicia. «Estamos sumamente contentos por la adquisición de este inmueble que va realmente a cumplir una función realmente importante en cuanto a reunir a toda la ciencia forense en un mismo espacio».
Asimismo precisó que la operación de compra y tramites viene desde hace un año y se trata «de un inmueble comprado con dinero específicamente adjudicado por ley. Hace un año que llamamos a licitación. Se pasó por la adjudicación por la Comisión Revisora, por la Auditoría, por el Tribunal de Cuentas y la verdad que es un inmueble apto para lo que necesitamos, que no hay que hacerle nada, más que mudar a la gente. Tiene una sala de rayos X montada totalmente, con todas las conexiones como para que pueda funcionar un laboratorio. Tenemos donados también aparatos para hacer ADN que vamos a poder poner en funcionamiento porque vamos a tener un espacio. Tenemos sala de cirugía habilitada como para también poder hacer todas las experticias que se necesitan con los cuerpos ante determinadas situaciones. Podemos reunir a todos los forenses, no solamente médicos, sino psicólogos, trabajadores sociales, contadores, todo lo que tiene que ver con la ciencia forense. Así que la verdad es que para nosotros es una adquisición muy importante. Es justamente para brindar un mejor servicio de justicia y con un dinero que proviene de tasas de justicia y de RPi, del Registro de la Propiedad Inmueble»
«Es un edificio técnicamente habilitado, pero no es una casa común, es una clínica. Es un edificio donde cumple con requisitos técnicos para que aún si no quisiéramos hacerle nada. Con limpiarlo y trasladar los escritorios ya podemos empezar a funcionar. Obviamente, después ir generando laboratorio. La aspiración que tenemos es que alguien nos done un tomógrafo como para poder hacer autopsias con tomografía, que son prácticas novedosas y muy eficientes. O sea, estamos más que felices», remarcó.
Si bien indicó que no escuchó las criticas, sostuvo: «Yo no puedo responder por mi colegas, ¿no es cierto? Pero tres somos mayoría y el servicio forense de la Justicia va a funcionar en su totalidad en el nuevo edificio».
En breve comenzar la mudanza de las dependencias periciales de forma inmediata, con el objetivo de que los equipos de profesionales médicos, psicólogos, contadores y trabajadores sociales se encuentren instalados al regreso del receso invernal. «Calculando con lo que estamos pagando de alquiler en el edificio que están ahora, y calculando que el edificio va a ser nuestro, es más que ventajoso, sostuvo.
La magistrada explicó que la compra se sustentó de manera exclusiva con fondos acumulados de las tasas de justicia y del Registro de la Propiedad Inmueble, recursos que por ley tienen un destino específico de infraestructura. «Si calculamos con lo que estamos pagando de alquiler en el edificio que están ahora. Y calculando que el edificio va a ser nuestro, es más que ventajoso. O sea, con dinero que específicamente está para la compra del inmueble», aseveró.
Entre las ventajas operativas, la jueza enfatizó que la puesta en valor de los laboratorios locales evitará tener que trasladar las muestras de ADN bajo custodia hacia Buenos Aires, asegurando que «el ahorro que va significar no mandar muestras de ADN a Buenos Aires, por ejemplo, es tremendo».
La compra se realizó mediante un proceso de licitación pública y con fondos específicamente asignados para este fin, sin afectar otros presupuestos o redirigirlo a salarios. «Si nosotros tenemos un monto específicamente asignado para ley, no podemos usarlo para otro. Entonces, la forma obviamente de darles un mejor servicio también y la dignidad laboral de quienes están en estas áreas que en este momento no están con la comodidad suficiente, por lo menos asignarlo. Ejecutar ese dinero en algo que va a ser beneficioso para los empleados también. No podemos dar aumentos, no tenemos autarquía. Tenemos, obviamente que negociar en épocas de crisis, tratemos con el dinero que tenemos asignado a un determinado, a una determinada área y función, ejecutarlo y brindarles algo mejor», aseguró finalmente
