La legisladora Natalia Gracianía, salió al cruce de las informaciones de algunos medios de comunicación locales de no mencionar que entre los excluidos en el Concurso a la Defensoría Provincial serían familiares de referentes de La Libertad Avanza.
Cabe recordar que la legisladora de La Libertad Avanza denunció supuestas irregularidades en el proceso de selección para la Defensoría Provincial. Sin embargo, según denunciaron portales de noticias de ella no hizo referencia a que dos de las aspirantes excluidas eran familiares directas del diputado nacional Santiago Pauli aunque los dictámenes de la Comisión Evaluadora concluyeron que ambas no reunían los requisitos previstos por la ley.
En declaraciones a RADIO PROVINCIA, Gracianía volvió a explicar de donde surge su preocupación por la alta cantidad de postulantes excluidos y la falta de transparencia en los criterios aplicados por el tribunal. «Cuando hablé públicamente que fue el día 15 de junio, ya habían pasado unos días de la presentación a un escrito al Tribunal AD hoc a la comisión evaluadora, mediante el cual solicitaba la revisión de la situación de 45 de los 63 postulantes que se habían inscrito, porque me parecía una cifra muy alta de excluidos por requisitos formales».
Sobre lo publicado mediáticamente contestó que «leí las publicaciones y lo que interpreto es que no se están preguntando, sino que están afirmando que yo no conté una parte de los argumentos que supuestamente creen que me motivaron a salir públicamente a plantear mi preocupación por la situación del concurso público para elegir el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes para los próximos cinco años en Tierra del Fuego».
Asimismo indicó que no recibió alguna respuesta por parte del Tribunal o a la Legislatura, sobre sus inquietudes del concurso porque «era pertinente solicitar información y solicitar que se revieran la totalidad de las exclusiones, porque se presentaron 63 postulantes, 45 de los cuales fueron excluidos por no cumplimentar aparentemente requisitos formales, 38 no cumplían el requisito de residencia de cinco años anteriores a la postulación».
«Yo nunca hablé en particular de ninguno de los excluidos», aseveró y agregó: «La verdad es que nunca me pareció personalizar en ninguno de los excluidos, porque todos estaban frente a la misma situación. Y mi motivación no está en ningún postulante en particular, sino en que las cosas se hagan bien, se hagan con transparencia, que haya reglas claras e igualdad de oportunidades para todos».
La legisladora sostuvo que «me preocupe muchísimo» por esta situación porque entendió que muchas personas quedaron excluidas sin la posibilidad de que se revisara cuáles fueron los criterios que se aplicaron en el caso de la residencia. «Entonces esto se lo había pedido en este escrito, me lo respondieron casi al mismo tiempo que respondieron los reclamos de postulantes. Esto surge de actas que se publicaron en la página de la Legislatura, todas al mismo tiempo, entre el 19 y el 22 de junio, con distintas fechas de realización de reuniones del tribunal o comisión evaluadora, donde se desprende, más allá del acta que contiene mi respuesta en particular, cuáles fueron los criterios aplicados».
Gracianía remarcó que los criterios aplicados fueron «con total discrecionalidad por parte del Tribunal» y «no son claros y no responden a una única unidad de pensamiento o de criterio. Frente a esto, el 23 de junio, volví a presentar un recurso de reconsideración administrativo, donde solicité que me respondieran por escrito porque había cuestiones que no las habían respondido claramente».
«Si hablamos de libertad, entendemos que cualquier documentación que los postulantes hayan presentado se iba a ameritar. Pero también lo que manifiestan que dentro de la libertad probatoria debían utilizar medios idóneos, pero en ningún momento se explica qué considera este tribunal medios idóneos. Entonces estamos ante situaciones donde si revisamos qué le respondieron a un postulante y a otro, nos damos cuenta de que algunos postulantes les tomaron cierta documentación como respalda autoría y a otros no», explicó.
Además dijo que «no se entiende» porque a algunos postulando le tomaron el tiempo de gracia para presentar documentación y a otros no. «Se está eligiendo un funcionario que va a estar por cinco años en un cargo, con una responsabilidad muy importante porque va a ser el que defienda los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Tierra del Fuego. Entonces, un concurso de estas características no puede tener ninguna duda respecto a los criterios aplicados».
«Es gravísimo que haya este tipo de presunciones o de rumores frente a concursos públicos que tienen que ser absolutamente transparentes. Esto no puede ser una opción. La transparencia es una obligación en este tipo de concursos», aseguró.
En este sentido, sostuvo que solicitó que se realice un encuentro abierto con todos los postulantes para aclarar los criterios de evaluación y puso ejemplo la evaluación del requisito de residencia. «Considero que una reunión a puertas cerradas conmigo no resuelve todas las dudas que se han planteado. Entonces, una reunión a puertas cerradas no suma a la transparencia que yo estoy pidiendo. A mí no me tienen que convencer, no se trata de un acuerdo entre las partes. Me interesa de que haya las mismas reglas y oportunidades para todos», apuntó.
Para finalizar, remarcó que sería fundamental y muy sano «para la continuidad de este concurso que se pueda despejar toda duda respecto de la discrecionalidad del Tribunal respecto de la situación particular de cada uno de los 45 excluidos».
Mientras que la Legislatura será quien convalide o no el resultado de este concurso, por resolución de la Ley 1466. «El Poder legislativo, tiene una gran responsabilidad como cuerpo de que sea absolutamente transparente y con reglas claras e igualdad de trato para todos los postulantes», finalizó.
