Autoridades del Ejecutivo de la Municipalidad de Ushuaia recibieron este martes en la Sala de Situación a representantes de la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), quienes arribaron a la provincia para presentar una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva vinculada al proyecto hidrocarburífero “León Marino” (Sea Lion).
Del encuentro participaron el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra; el secretario de Asuntos Malvinas, VGM Dante Asili; y el VGM Daniel Guzmán.
La acción judicial fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP), entre otras personas y entidades que pudieran resultar responsables del diseño, construcción, instalación y futura operación del proyecto y sus eventuales ampliaciones.
La presentación plantea la necesidad de prevenir posibles daños ambientales y, al mismo tiempo, resguardar los derechos soberanos de la República Argentina sobre los espacios marítimos y la plataforma continental correspondientes a las Islas Malvinas y sus áreas adyacentes.
Durante el encuentro, las autoridades municipales dialogaron con los profesionales sobre los fundamentos de la presentación y la importancia de abordar de manera conjunta las dimensiones ambiental y soberana vinculadas con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
Por la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas participaron su presidente, Enrique Viale, y su director ejecutivo, Lucas Micheoud, ambos especialistas en Derecho Ambiental. En representación del CECIM La Plata estuvo presente el abogado y magíster en Derechos Humanos Jerónimo Guerrero Iraola, integrante del equipo jurídico de la institución.
La acción advierte sobre los potenciales impactos ambientales asociados al proyecto “León Marino” y solicita medidas preventivas destinadas a evitar el inicio o continuidad de trabajos vinculados con el proyecto hasta tanto se determine el cumplimiento de las obligaciones ambientales y legales correspondientes.
