El legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, sostuvo que el conflicto educativo de Tierra del Fuego requiere una discusión profunda sobre las prioridades y el funcionamiento del Estado, y advirtió que no existe una solución posible basada únicamente en incrementar los recursos destinados al pago de salarios docentes. Señaló que los docentes tienen legítimo derecho a reclamar mejores condiciones salariales, aunque volvió a cuestionar la metodología de las medidas de fuerza y, particularmente, el impacto que tienen sobre los estudiantes.
“Yo no coincido con la forma en que está encarado el reclamo. Los docentes tienen derecho a reclamar mejores condiciones salariales, pero comparto que se han tomado de rehenes a los chicos y eso genera un perjuicio no solamente para las familias, sino para toda la sociedad”, afirmó. En ese sentido, advirtió que las consecuencias de la pérdida de días de clases no son inmediatas y pueden hacerse visibles en los próximos años, especialmente cuando los estudiantes deban afrontar estudios universitarios.
“Seguramente vamos a ver con el tiempo las consecuencias de estos años y estos tiempos perdidos en el sistema educativo, cuando nuestros chicos lleguen a la universidad y fracasen en los primeros años por distintas circunstancias vinculadas con esta pérdida de formación”, sostuvo.
La discusión salarial y los recursos disponibles
Villegas explicó que, de acuerdo con los datos planteados en la discusión, la masa salarial docente supera los $33.600 millones mensuales, por lo que consideró que la Legislatura no puede resolver por sí sola el reclamo mediante una nueva ley de financiamiento. “Más allá de las posiciones políticas, no hay posibilidad concreta de resolver satisfactoriamente un reclamo de mejoras salariales de esta magnitud solamente con la sanción de una ley de financiamiento educativo”, planteó.
Y agregó: “¿De dónde vamos a sacar recursos para mover el amperímetro en un aumento salarial en el bolsillo de los docentes? No nos mintamos. Esa es la realidad”. Para el legislador, aumentar impuestos tampoco constituye una salida sostenible. “¿Cuál es la solución? ¿Crear y aumentar impuestos? No es la solución. La solución es empezar a mirarse hacia adentro”, afirmó.
“Hay que ordenar el gasto del Estado”
En ese punto, Villegas puso el foco en el manejo de las horas cátedra dentro de la administración provincial y cuestionó que se hayan utilizado recursos destinados originalmente al sistema educativo para financiar actividades y organismos por fuera de las pautas presupuestarias autorizadas. “¿Por qué durante tanto tiempo hemos estado pagando horas cátedra a la Agencia de Innovación?”, preguntó el legislador, quien recordó que la normativa establece que las horas cátedra están vinculadas a funciones docentes.
Según explicó, los informes del Tribunal de Cuentas correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024 —y el análisis que actualmente realiza sobre 2025— muestran diferencias entre las autorizaciones presupuestarias y la cantidad de horas finalmente afectadas.
Villegas cuestionó particularmente que la Legislatura haya autorizado una determinada cantidad de cargos y horas para el sistema educativo mientras posteriormente aparecen registros que dan cuenta de una utilización significativamente mayor. “¿Para qué la Legislatura autoriza 6950 cargos docentes y después terminan pagando más de 7.300, como surge de los informes del Tribunal de Cuentas?”, planteó.
Finalmente, Villegas insistió en que el Estado provincial debe ordenar sus prioridades, revisar el destino de los recursos y transparentar el uso de las herramientas presupuestarias antes de plantear nuevas cargas sobre los contribuyentes. “Tenemos que ordenar un poco esto. Hay que mirar hacia adentro, revisar en qué se gasta y garantizar que los recursos destinados a educación lleguen efectivamente a donde tienen que llegar: a las escuelas y a nuestros estudiantes”, concluyó.
