La jueza federal Mariel Borruto admitió al Municipio como parte interesada en la causa contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculada al proyecto de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. El intendente Martín Perez comunicó la decisión a través de sus redes sociales.
El intendente Martín Perez comunicó a través de sus redes sociales que Río Grande ya es parte de la causa federal contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, vinculada al proyecto hidrocarburífero León Marino en el Atlántico Sur.
La jueza federal Mariel Borruto admitió al Municipio de Río Grande en el proceso judicial, lo cual permitirá a la ciudad intervenir formalmente en la causa y acompañar el reclamo impulsado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
La presentación fue realizada por la Asesoría Letrada del Municipio a fin de que Río Grande intervenga formalmente en una causa que aborda la explotación hidrocarburífera proyectada en el área de las Islas Malvinas y sus posibles implicancias sobre los recursos naturales, el ambiente y los espacios marítimos del Atlántico Sur.
La intervención del Municipio se fundamenta en las responsabilidades establecidas por la Carta Orgánica Municipal en materia de defensa del ambiente, los recursos naturales y los intereses de la ciudad, así como en la condición de Río Grande como ciudad ribereña de la costa atlántica.
La causa se inició como una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva y plantea la necesidad de prevenir posibles impactos derivados de la actividad hidrocarburífera proyectada en el Atlántico Sur. En ese marco, el expediente contempla la aplicación de la normativa ambiental argentina y las disposiciones vinculadas con la protección del ambiente y la gestión de residuos peligrosos.
Uno de los aspectos centrales de la participación municipal está relacionado con los posibles efectos de una eventual explotación hidrocarburífera sobre los ecosistemas y la biodiversidad del Atlántico Sur, junto con la defensa de los recursos naturales y los derechos soberanos de la Argentina.
En este marco, la incorporación del Municipio a la causa se suma a las acciones institucionales que Río Grande sostiene en defensa de los recursos naturales de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur, y en el acompañamiento de los reclamos vinculados con la soberanía argentina.
La decisión judicial constituye un nuevo paso en la participación institucional de Río Grande en los ámbitos judiciales vinculados con la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. El Municipio podrá intervenir en el proceso y aportar su perspectiva en una causa que vincula soberanía, recursos naturales y protección ambiental.
Río Grande reafirma así su compromiso con la defensa de los recursos de Malvinas y con el sostenimiento del Atlántico Sur como zona de paz, así como con la continuidad de los reclamos y acciones institucionales en todos los ámbitos correspondientes.
