La Legisladora Laura Colazo del Partido Verde presentó un pedido de informe solicitando al Poder Ejecutivo Provincial información detallada sobre las inspecciones ambientales, el manejo de residuos peligrosos, las obras vinculadas al recurso hídrico y las actuaciones realizadas desde el inicio de la intervención dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. También pide documentación sobre los impedimentos denunciados para el ingreso de inspectores provinciales al puerto.
Un pedido de informes presentado en la Legislatura de Tierra del Fuego solicita al Poder Ejecutivo Provincial un informe detallado sobre la situación ambiental y las tareas de fiscalización que se desarrollan actualmente en el Puerto de Ushuaia, en el marco de la intervención administrativa dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).
La iniciativa plantea la necesidad de conocer qué controles ambientales se están realizando dentro de la terminal portuaria, qué organismos los llevan adelante y cuál es el estado de cumplimiento de las distintas normas provinciales relacionadas con la protección ambiental, la gestión de residuos peligrosos y los recursos hídricos.
El pedido, presentado desde el bloque Partido Verde, toma como punto de partida la intervención dispuesta mediante la Resolución ANPyN N° 4/2026, que estableció la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por un período de doce meses, prorrogable mediante un acto fundado, y dispuso una intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria. La misma resolución, según se explica en los fundamentos, suspendió la ejecución de la sanción para garantizar la continuidad de la operatoria portuaria.
Un puerto estratégico y un área ambientalmente sensible
Los fundamentos del pedido remarcan la importancia estratégica que tiene el Puerto de Ushuaia para la provincia, tanto por su actividad turística y comercial como por su función logística y su vinculación con las operaciones antárticas.
A esa relevancia económica y estratégica se suma, según el documento, la ubicación del puerto dentro de un entorno considerado de particular sensibilidad ambiental, conformado por la Bahía de Ushuaia y el Canal Beagle.
En ese contexto, el proyecto recuerda que la Ley Provincial N° 69, que regula el sistema portuario fueguino, establece entre las funciones de la Dirección Provincial de Puertos la obligación de velar por la protección del ambiente y la seguridad dentro del ámbito portuario, en coordinación con los organismos competentes.
También se invoca la Constitución Provincial. El proyecto señala que el artículo 54 establece una especial protección del agua, el suelo y el aire, y asigna al Estado Provincial responsabilidades vinculadas con la protección ambiental, la preservación de los recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas.
Asimismo, menciona el artículo 79, referido al ejercicio del poder de policía sobre los puertos y aeropuertos de jurisdicción provincial, y el artículo 83, que establece disposiciones vinculadas con las aguas de dominio público y la obligación estatal de adoptar medidas destinadas a evitar su contaminación.
El pedido también hace referencia a distintas normas ambientales provinciales. Entre ellas, la Ley N° 55 de Protección del Medio Ambiente, la Ley N° 105, relacionada con la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, y la Ley N° 1126, que regula la gestión integral de los recursos hídricos y las competencias provinciales vinculadas con su protección y fiscalización.
La intervención y el conflicto sobre las inspecciones
Uno de los principales puntos planteados por la iniciativa legislativa está relacionado con el acceso de los organismos provinciales al ámbito portuario para desarrollar tareas de fiscalización ambiental.
Según se consigna en los fundamentos del proyecto, durante septiembre de 2026 el Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia informó que, a través de la Secretaría de Ambiente, había solicitado formalmente el ingreso de equipos técnicos de la Dirección General de Gestión Ambiental y de la Dirección General de Recursos Hídricos.
El objetivo de esas solicitudes habría sido dar continuidad a tareas habituales de fiscalización ambiental dentro del puerto. Entre ellas se incluyen auditorías relacionadas con el Certificado Ambiental Anual, controles sobre la gestión y trazabilidad de residuos peligrosos provenientes de buques y fiscalizaciones de obras o intervenciones que pudieran afectar el recurso hídrico.
El documento sostiene que entre las tareas previstas se encuentran también controles sobre modificaciones de costa, obras hidráulicas, drenajes, amarraderos y otras instalaciones relacionadas con el agua.
El punto que motiva una parte central del pedido de informes es lo ocurrido el 24 de septiembre de 2026. De acuerdo con lo señalado en el proyecto, el Gobierno Provincial informó que equipos técnicos intentaron ingresar en tres oportunidades al Puerto de Ushuaia sin poder concretar las inspecciones debido a una negativa de la autoridad nacional que administra la intervención.
El mismo documento indica que la Provincia solicitó formalmente a la ANPyN que explicara las razones por las cuales consideraba que podía impedir el ingreso de inspectores provinciales. También señala que las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con esta situación se encontraban bajo análisis.
Qué información se solicita
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción y Ambiente, la Secretaría de Ambiente, la Dirección Provincial de Puertos y los organismos que correspondan, debería remitir a la Legislatura un informe en soporte digital y acompañado por documentación respaldatoria.
El plazo solicitado es de diez días desde la recepción del pedido, en el marco de las facultades previstas por el Reglamento Interno de la Cámara Legislativa.
Entre los puntos requeridos se encuentra, en primer lugar, un detalle sobre el estado actual de cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al Puerto de Ushuaia. Se pide identificar las obligaciones, registros, autorizaciones, certificados y controles exigibles y precisar cuál es su grado de cumplimiento.
También se solicita un detalle de todas las inspecciones ambientales que hayan sido programadas, solicitadas, realizadas, suspendidas, impedidas o que no hayan podido concretarse desde el comienzo de la intervención.
Para cada inspección, el proyecto pretende conocer la fecha, el objeto de la fiscalización, el organismo interviniente, el personal actuante, el resultado obtenido y las actuaciones administrativas que se hayan generado.
Otro de los requerimientos apunta a reconstruir documentalmente las comunicaciones entre las autoridades. Para ello, se solicita copia de notas, solicitudes de ingreso, actas, comunicaciones, respuestas y demás presentaciones realizadas entre los organismos provinciales, la intervención del Puerto de Ushuaia y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en relación con las tareas de fiscalización ambiental.
El proyecto también pide específicamente conocer cuál fue el fundamento informado o invocado por la ANPyN o por la intervención del puerto para negar, condicionar o limitar el ingreso del personal provincial destinado a realizar inspecciones ambientales, junto con copia de los actos, notas o comunicaciones correspondientes.
Residuos peligrosos y Certificado Ambiental Anual
Otro de los ejes centrales del pedido está relacionado con los residuos peligrosos generados por buques y otras actividades portuarias.
La iniciativa solicita información sobre el estado de tramitación y cumplimiento del Certificado Ambiental Anual y de las auditorías ambientales correspondientes tanto al Puerto de Ushuaia como a los sujetos alcanzados por la normativa provincial sobre residuos peligrosos que desarrollen actividades dentro del ámbito portuario.
Además, se requiere un detalle de la gestión de los residuos peligrosos desde el comienzo de la intervención. En la medida en que esa información obre en poder de la autoridad provincial, se pretende conocer el tipo y cantidad de residuos, los generadores, transportistas y operadores habilitados, los manifiestos utilizados, el destino y tratamiento final y los mecanismos implementados para garantizar la trazabilidad.
De esta manera, el proyecto busca obtener una descripción documentada del circuito que siguen los residuos desde su generación hasta su tratamiento o disposición final.
Obras y modificaciones vinculadas al recurso hídrico
El pedido de informes también alcanza a las obras y modificaciones que puedan tener incidencia sobre el ambiente y particularmente sobre el recurso hídrico.
En ese sentido, se solicita un detalle de las obras, intervenciones, modificaciones de costa, obras hidráulicas, drenajes, amarraderos y otras instalaciones vinculadas al agua que hayan sido ejecutadas, iniciadas, autorizadas, licitadas o proyectadas dentro del área portuaria desde el inicio de la intervención.
La información debería incluir las evaluaciones, autorizaciones, permisos o intervenciones ambientales e hídricas provinciales que correspondan a cada caso.
Quién controla actualmente el ambiente dentro del puerto
Finalmente, uno de los interrogantes centrales que plantea el proyecto es determinar qué organismo u organismos realizan actualmente el control ambiental efectivo dentro del Puerto de Ushuaia.
Para ello se solicita que el Poder Ejecutivo informe qué autoridades están llevando adelante esas tareas y que acompañe los informes, actas, auditorías, monitoreos, registros y resultados producidos desde el comienzo de la intervención, siempre que se encuentren en poder del Ejecutivo Provincial.
También se pide conocer las actuaciones administrativas y/o judiciales iniciadas, proyectadas o bajo análisis por parte de la Provincia con el objetivo de garantizar el ejercicio de sus competencias de fiscalización ambiental dentro del ámbito portuario, incluyendo su estado de trámite y la documentación respaldatoria.
Un pedido centrado en conocer el estado de los controles
En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que la situación planteada hace necesario determinar con precisión cuáles son los controles ambientales que actualmente se realizan en el Puerto de Ushuaia, qué organismos los ejecutan y qué inspecciones provinciales fueron solicitadas, realizadas o impedidas.
El proyecto remarca especialmente la importancia de contar con mecanismos de control efectivos, continuos y verificables en una terminal que concentra operaciones de cruceros turísticos, buques comerciales y actividades logísticas vinculadas con la Antártida.
El pedido de informes no establece por sí mismo conclusiones sobre el cumplimiento o incumplimiento de la normativa ambiental, sino que busca que el Poder Ejecutivo Provincial aporte información oficial y documentación que permita conocer el estado de situación y las actuaciones desarrolladas desde el inicio de la intervención nacional.
La iniciativa concluye solicitando el acompañamiento y la aprobación del proyecto de resolución por parte de los legisladores. En caso de avanzar, el Poder Ejecutivo deberá responder los distintos puntos incluidos en el requerimiento dentro del plazo establecido en la resolución, aportando la documentación respaldatoria disponible.
En definitiva, el eje del proyecto está puesto en determinar cómo se están ejerciendo actualmente las tareas de fiscalización ambiental en el Puerto de Ushuaia, cómo se coordinan —o se articulan— las competencias provinciales con la intervención nacional y cuál es el estado de los controles sobre residuos peligrosos, recursos hídricos, obras portuarias y certificaciones ambientales.
