lunes 07, septiembre 2026

COMUNICADO DEL PERSONAL DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL DE TIERRA DEL FUEGO

Los empleados de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF), desean
manifestar su profunda preocupación frente a las recientes medidas adoptadas por la Legislatura
Provincial, el Gobierno de la Provincia y el propio Directorio de esta Institución, que ponen en riesgo la
sustentabilidad del Sistema Previsional Provincial.
Estas acciones afectan gravemente el financiamiento del régimen previsional, comprometiendo no solo
a los actuales jubilados y pensionados, sino también a quienes se encuentran tramitando su beneficio
previsional y a todos los trabajadores estatales de la Provincia en su futuro jubileo.
La ley de “Sustentabilidad y Fortalecimiento” de OSEF afecta el presupuesto de la Caja de Previsión de
manera directa en dos aspectos fundamentales:

  • Obliga al pago por parte de esta Caja, del 5% de Contribuciones Patronales sobre los haberes de
    Jubilados y Pensionados con dinero de los aportes y contribuciones de los trabajadores activos, lo
    que implica, a valores actuales, un aumento en el gasto mensual de unos $890 millones (más de
    11.500 millones de pesos anuales). Esta Caja no es patronal, sino que es la administradora del
    sistema previsional y la ley establece que los recursos del sistema previsional son intangibles y solo
    deben ser utilizados para atender sus prestaciones específicas.
  • Reduce la percepción del “Fondo de Financiamiento del Sistema Previsional” hasta en un 75%, esto
    implica a valores actuales una reducción de los ingresos mensuales a esta Caja de casi $1.100
    millones (más de 13.000 millones de pesos anuales). Como su nombre lo indica, dicho fondo fue
    creado para el financiamiento del sistema previsional en oportunidad de la reforma de las leyes del
    sistema por la profunda crisis en el que se hallaba el mismo y ya fue recortado en el año 2024 de
    manera “momentánea y extraordinaria”.
    La combinación de ambas reformas representa un incremento equivalente a casi un 12% de lo
    percibido por Jubilados y Pensionados, siendo su efecto inmediato la reducción hasta su
    desaparición total de los excedentes financieros que nos permitían, además de generar un fondo de
    contingencia, realizar inversiones temporarias a corto plazo cuyos intereses representaban, por
    ejemplo, el total del gasto de funcionamiento de la Caja. Por esto, esta ley implica lisa y llanamente
    la APROPIACIÓN de los excedentes financieros, la pérdida de fondos y la aceleración hacia el camino
    del DÉFICIT PREVISIONAL y su correlativo aumento de aportes de hasta un 2% de todos los
    trabajadores activos (artículo 23 de la Ley 1070). Recordemos asimismo que el último periodo en el
    que existió este desequilibrio (2013/2018) la Caja tuvo que abonar en cuotas las jubilaciones y
    pensiones.
    La aprobación de esta ley se suma a otras situaciones que contribuyen a un panorama preocupante para
    la Caja, entre los que se deben destacar:
  • El pago a OSEF de $2.700 millones en concepto de asistencia financiera, aprobado incluso con el
    voto doble del ejecutivo provincial, en contra del voto de los representantes activo y pasivo del
    Directorio, pagado en tiempo récord y tramitado por sistema bajo carácter reservado.
  • El atraso en el pago de las Contribuciones Patronales por parte del Gobierno Provincial, cuyo monto
    adeudado a la fecha es de aproximadamente $33.500 millones, lo que representa casi dos
    liquidaciones mensuales de Haberes Pasivos.
  • El otorgamiento de un préstamo al Gobierno Provincial de $4.000 millones en enero de este año,
    financiando al Gobierno que paralelamente no cumple sus obligaciones contributivas.
    Es por ello que sentimos la necesidad de informar a la comunidad y especialmente a los empleados
    públicos de la Provincia y Municipios, que nuestro sistema previsional está en riesgo, y con él, la
    situación de los actuales y futuros Jubilados y Pensionados de la Provincia.
    Por lo expuesto, instamos a los representantes de los trabajadores activos y a nuestros representantes
    en el Directorio de la Caja de Previsión Social, a que se pronuncien al respecto y tomen las medidas que
    entiendan necesarias para proteger la sustentabilidad del régimen.
    Defender nuestro sistema previsional es responsabilidad de todos.

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