miércoles 18, noviembre 2026

Educación

Hace más de ciento cincuenta años, el presidente Domingo Faustino Sarmiento dispuso la realización del primer censo nacional. Sus resultados mostraron que más del setenta por ciento de la población era analfabeta. Aquel diagnóstico nos ayudó a comprender que la educación debía ser una prioridad, porque es el pilar fundamental de una sociedad libre. Hoy, en Tierra del Fuego, la prioridad de la educación está fuera de discusión. La Legislatura acaba de aprobar una ley que compromete recursos provinciales mientras el Presupuesto 2027 sigue pendiente de aprobación. A mi juicio, el gobernador no debe promulgar esa ley mientras la Legislatura no haya aprobado el presupuesto. Antes de comprometer nuevos gastos o aumentar impuestos, debemos saber cuánto costará la medida, si puede financiarse con los recursos disponibles y qué consecuencias tendrá para las demás obligaciones de la Provincia y para quienes aportan esos recursos. Propongo que, mientras se analiza el presupuesto, la revisión del gasto comience por los niveles de conducción política de los tres poderes del Estado provincial y de todos sus organismos. Con un criterio estricto de austeridad, debemos examinar los gastos de la política y de representación, las contrataciones, los alquileres, el uso de vehículos oficiales, los viajes y la publicidad oficial. También debemos corregir la superposición de funciones entre organismos y eliminar los gastos que podamos evitar. Tenemos que ordenar los recursos disponibles y utilizarlos en función de nuestras prioridades. La educación, la salud, la seguridad y la protección de nuestros mayores deben orientar las decisiones del Presupuesto 2027. Antes de aumentar impuestos o crear nuevas cargas para quienes trabajan, producen, invierten y generan empleo, el Estado debe determinar cuánto puede ahorrar y reasignar a esas prioridades. Quien ejerce una función pública asume la responsabilidad de administrar recursos que aportamos entre todos y que pertenecen a toda la comunidad. Disponer de ellos como si fueran propios, antes de que se analice y se apruebe el presupuesto, significa traicionar la confianza depositada en nuestras autoridades. Cada partida que se compromete de ese modo puede dejar sin atención una necesidad de otros vecinos. Quienes toman esas decisiones deben explicar cómo utilizan los fondos públicos y rendir cuentas por ello. Creo en una educación que reúna conocimientos, sensibilidad y honestidad. Los conocimientos nos ayudan a comprender las consecuencias de nuestras decisiones. La sensibilidad nos permite reconocer cómo afectan a los demás. La honestidad nos exige responder por nuestros actos. La razón nos ayuda a comprender y a actuar con responsabilidad. Educar en esos valores es una tarea que compartimos todos.

Mariano Roberto Viaña

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