El Senado aprobó a mano alzada y sin debate el aumento de las dietas desde mayo para los integrantes de esa Cámara, que duplicará las que ganan: percibirán más de 4 millones de pesos en mano. El proyecto lo presentó el salteño Juan Carlos Romero (Cambia Federal) e indexa los ingresos al valor de los módulos que cobran los empleados.
El PRO y La Libertad Avanza aclararon que no votaron a favor, aunque ningún miembro de ambas bancadas pidió una votación nominal para exponer a los autores de la iniciativa, que necesitaba dos tercios, porque no tenía dictamen. «Si no la quieren, que la devuelvan», repitieron al salir del recinto miembros de UP y de los partidos provinciales que levantaron la mano.
El proyecto de Romero tiene la firma de algunos de sus pares como Pablo Blanco (UCR) y la neuquina Lucila Crexell. También aparece el sanjuanino Bruno Olivera Lucero, de La Libertad Avanza, quien luego negó haber adherido. Unión por la Patria lo avaló e impuso su incorporación al temario en una tensa reunión de labor parlamentaria este jueves a la mañana, cuando se había evaluado desechar su tratamiento porque se había filtrado en las redes sociales.
El tratamiento casi se frustra porque muchos miembros del Senado empezaron a retirarse para no votarlo, mientras se debatían los tratados internacionales. Pero la sesión nunca llegó a quedase sin cuórum.
El proyecto engancha la dietas de los senadores a la variación de los módulos, denominación que se utiliza para calcular el salario de un empleado legislativo. Cada uno representaun aproximado a $ 1.800, pero se actualizan en forma periódica.
Según el proyecto aprobado cada una de las 13 dietas anuales de 2.500 módulos, más otros 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo, que alcanzará sólo para quienes vivan lejos de la Ciudad de Buenos Aires.
La suma supera los $ 7 millones en bruto, aunque con los descuentos por impuestos y otros ítems, en mano significa un poco más de $ 4 millones. Es el doble que el monto de la dieta actual, que no llega a $ 2 millones, luego que Milei obligara a Victoria Villarruel y Martín Menem a desestimar el incremento que habían dispuesto en marzo en el Congreso.
En aquella oportunidad, los titulares de ambas Cámaras habían aplicado la resolución vigente, que enganchaba las dietas a la paritaria de empleados legislativos. Permitía un aumento de sólo 30%, muy por debajo del que se aprobó en el Senado.
