La Obra Social del Estado, OSEF, resolvió bajar los convenios históricos con varios prestadores de salud en la provincia. Recientemente se dio a conocer que el Laboratorio Gobernador paz ya no atenderá a afiliados por la decisión.
Como respuesta a ello, varios prestadores de salud, han decidido iniciar un amparo judicial hacia OSEF. «Esta situación es por demás complicada. Acá lo fundamental es que se están olvidando de la salud de los afiliados de la obra social. Y otra cosa que se está perdiendo de vista es que en el medio quedan afiliados que requieren necesariamente estas prestaciones médicas», explicó a Radio Provincia la propietaria de la «Óptica Nora Sosa», Nora Sosa.
«Sorprende llamativamente la forma en la cual se están llevando adelante determinados cortes de convenios, como por ejemplo el convenio de la bioquímica Carozo en Río Grande, que es una bioquímica de muchísimos años o que hayan dado de baja el convenio de la doctora Falom, también muchísimos años y en Ushuaia, hay un prestador que le han dado de baja el convenio con casi 40 año», indicó la profesional.
Sosa aseveró que junto a un grupo de profesionales «al no tener una respuesta por la vía que corresponde, recurre necesariamente a los abogados. Al recurrir a los abogados, entonces nos vemos en la respuesta de dar los recursos de amparo, el problema es que es el traslado del traslado. Como nosotros presentamos al recurso de amparo a los jueces, les corren traslado a la Obra Social y la Obra Social contesta como si estuviera hablándoles a los enemigos. Y los abogados de la obra social no están entendiendo es que los afiliados no son enemigos, sino que están reclamando una prestación que no están teniendo». Así se contesta argumentando que «los pedidos son falaces, o que son absurdos».
Por el otro lado, «en las contestaciones judiciales, con la gente que tiene internación domiciliaria, están diciendo que no tienen convenios, que las que las empresas no quieren brindar las prestaciones, cuando eso es una mentira. Pero contratan a una empresa MacSalud, que vaya a saber cómo han llegado hasta contrataciones de esta índole, porque la obra social tiene una normativa para poder contratar».
«Estamos haciendo reserva de caso federal y esperando la resolución de la sentencia. Si la Obra social no cumple con la sentencia, nosotros ya estamos implementándolo y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque acá se dan dos cosas: los incumplimiento de deberes de funcionario público. Y el abandono de las personas que están tratando de alcanzar estas prestaciones. Lo inhumano es la falta de criterio y de gestión», argumentó.
Sosa aseguró que desde la Obra Social se piensa que son «intocables al no tener el control de la Superintendencia de Nación. Entonces, al ser incontrolables se manejan en la forma en la cual se están manejando. Y otra cosa que estamos implementando desde el estudio jurídico es ir no solo en contra la obra social, sino también contra el Gobernador de la Provincia y contra la Provincia».
