El concejal Valter Tavarone se refirió al conflicto entre el gobierno provincial y municipal sobre la reducción de la coparticipación de recursos.
En declaraciones a RADIO PROVINCIA, Tavarone aclaró que no hubo una disminución real de fondos, sino que se vetó un aumento que ya había sido aprobado. No obstante, remarcó que no hubo comunicación oficial al Concejo Deliberante. «No nos han informado absolutamente nada a la fecha y lo que sí sabemos es que el gobernador vetó un incremento de la coparticipación de regalías hidrocarburíferas, del 20 al 28%».
Por lo tanto, Tavarone explicó: «no estamos hablando técnicamente una baja de recursos principales de la provincia hacia la Municipalidad de Ushuaia, sino lo que hizo el gobernador fue vetar un aumento que ya había ingresado en la legislatura sobre tablas, fue tratado en la última sesión. Es una cuestión que tienen que resolver los legisladores, de insistir o no, según tengo entendido, el único bloque que no votó a favor fue el bloque oficialista, del aumento de recursos participable por los municipios».
«Realmente tenemos que partir de la base hablando con la verdad; en realidad no hay una disminución de recursos participable de la Municipalidad porque esos recursos no ingresaron efectivamente, sino que iban a ingresar a partir de la sanción de la ley vetada. No es que se disminuyó los recursos que participaban en la municipalidad. Además, tanto municipal como provincial, se encuentran con presupuesto reconducido y se prevé un crecimiento de la economía para este año en curso por goteo de coparticipación; y al no tener los presupuestos aprobados, esos recursos son extraordinarios, con lo cual los ejecutivos, tanto municipal como provincial, lo pueden este aplicar discrecionalmente y eso tiene que incidir directamente en el control que tenemos que llevar los concejales y los legisladores de la ejecución de estos fondos», remarcó.
Por otro lado, habló sobre la intervención federal del puerto de Ushuaia, considerando que es una medida extrema. «Lo que esta ocurriendo es preocupante, no me gusta el termino intervención. Si es cierto que Nación autoridad de policía en todos los puertos del país, pero tiene la potestad legal suspender la matrícula; en lugar de intervenir, en lo personal, hubiera intimado bajo apercibimiento, quitar la matrícula y obligado el Gobierno provincial a tomar las medidas que debe tomar», sostuvo.
«Hay un tire y afloje entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, con decisiones políticas que nos afectan a todos nosotros y que no tenemos clara la información de realmente lo que ocurre», agregó opinando que el Gobernador debería negociar con la nación para resolver el conflicto de manera más constructiva.
«El gobernador de la provincia tiene que sentarse con autoridades nacionales, bajar un poco las actitudes combativas que suele tener, porque esto no es ideológico. La problemática del Puerto nos afecta a todos directa o indirectamente», remarcó.
Tavarone destacó la necesidad de transparencia y de proteger los intereses de los trabajadores portuarios durante este proceso. «Ellos se rigen bajo un convenio colectivo, tienen su representación gremial y así como hay obligación del trabajador de poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, es obligación del empleador y en este caso directa de los responsables de intervención, de brindar la posibilidad de que ese trabajador pueda trabajar y no obligarlos continuamente a pasar a depender de administración nacional, lo cual a mí me parece un disparate», aseguró.
El concejal sostuvo que «todo lo que exista dentro del puerto es del Puerto, sea muebles o inmuebles, es propiedad de la provincia y un buen manejo de manejo de eso, además, puede dar lugar a otros conflictos. Esto no quiere decir que uno defiende la gestión de Murcia y de la autoridad del Puerto. Si realmente cometieron algún tipo de irregularidad, los responsables tendrán que hacerse cargo de su responsabilidad, ya sea administrativa, penal o civil. Y eso también es trabajo en lo inmediato de la intervención».
Para finalizar Tavarone calificó que todo el proceso de intervención fue «rara» ya que «se interviene la administración y la parte operativa. Tomaron posesión de las instalaciones a la noche, entre gallos y medianoches, de manera intempestiva, sin intimar, todo fue muy desprolijo, y no tenemos ninguna información oficial, mientras que los afectados somos los ushuaienses».
